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Tras informe de Contraloría: Defensoría de la Niñez oficia a 72 organismos por contratación de personas inhabilitadas para trabajar con menores

El organismo exigió medidas correctivas y preventivas, advirtió riesgos para niños y adolescentes y solicitó una reunión con la contralora Dorothy Pérez.

Tras informe de Contraloría: Defensoría de la Niñez oficia a 72 organismos por contratación de personas inhabilitadas para trabajar con menores

Tras informe de Contraloría: Defensoría de la Niñez oficia a 72 organismos por contratación de personas inhabilitadas para trabajar con menores / FOTO: LUIS BOZZO B./ AGENCIAUNO

La Defensoría de la Niñez anunció que oficiará a los organismos públicos que contrataron a personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad, tras el informe de la Contraloría que detectó 35 casos durante 2025 y un total de 164 entre 2020 y agosto de este año.

Las contrataciones corresponden a funciones públicas con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes, pese a prohibiciones judiciales vigentes.

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El organismo encabezado por Anuar Quesille exigió a las instituciones involucradas informar “las acciones correctivas que se están adoptando, el detalle del número de personas contratadas en esta condición y las fechas de sus inhabilitaciones”, además de precisar las medidas preventivas que aplicarán en futuras contrataciones.

En total, son 72 los servicios públicos mencionados en el reporte del órgano contralor.

“Exponen a niños, niñas y adolescentes a riesgos”

Desde la Defensoría advirtieron que estas situaciones “comprometen gravemente la protección efectiva de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia” y vulneran la normativa que obliga a verificar inhabilitaciones antes de contratar personal vinculado a menores.

En esa línea, Quesille sostuvo que estas prácticas “exponen a niños, niñas y adolescentes a riesgos inadmisibles y reflejan graves falencias en los sistemas de control y responsabilidad administrativa”.

Finalmente, la institución solicitó una reunión con la contralora Dorothy Pérez para abordar el problema de manera “conjunta y colaborativa”, y enfatizó que “velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes es una obligación transversal de todas las instituciones públicas”, llamando a cumplir estrictamente la ley.

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