“Esta reforma no es un ajuste menor: es la decisión más importante de la última década en materia de seguridad pública”, afirma Christian Alveal, exdirector de Gendarmería, en entrevista con ADN.cl, cuando analiza la reforma constitucional ingresada este lunes por el Gobierno, la que busca transformar a la institución en un organismo de seguridad pública y pone fin a los sindicatos de trabajadores.

Precisamente, es ese punto uno de los que ha generado mayor controversia. Desde los gremios, algunas organizaciones expresaron su malestar con la iniciativa, advirtiendo que la reforma no mejora la articulación institucional ni garantiza un sistema penitenciario eficaz. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respondió a esas críticas señalando que “una institución de orden y seguridad pública no puede tener sindicatos armados”.

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Un sistema al margen

El punto de quiebre que delató la debilidad institucional de Gendarmería de Chile fue la Operación Apocalipsis, una investigación de la Fiscalía Occidente que permitió desbaratar la red de corrupción más grande de la historia al interior de la institución. El operativo dejó 44 gendarmes detenidos y a un suboficial vinculado al gremialismo en calidad de prófugo, con funcionarios acusados de facilitar el ingreso de drogas, teléfonos y otros objetos prohibidos

Para Alveal, la génesis de la crisis penitenciaria chilena no se entiende sin mirar el contexto regional. “Es una mala coincidencia con lo que ha pasado en Latinoamérica”, dice. Durante años, explica, el Estado fortaleció a las policías, a los tribunales y al Ministerio Público para enfrentar el delito, pero dejó al sistema penitenciario fuera de esa lógica de seguridad, no entregando los recursos suficientes ni la modernización necesaria para evitar que casos de corrupción ocurrieran al interior de los penales.

“Gendarmería no era parte del circuito de seguridad, ni dependía de la institucionalidad vinculada con la prevención y el control”, argumenta Christian Alveal.

Con la reforma, Gendarmería dejaría de funcionar como un servicio aislado y pasaría a integrarse al sistema de seguridad pública del Estado, junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones. Quienes respaldan el proyecto señalan que este cambio permitiría contar con más herramientas, mejorar el intercambio de información y coordinar mejor las acciones entre las distintas instituciones, algo que hoy, según Alveal, no ocurre de forma regular.

“La utilidad real es que resulta interesante que interactúen las instituciones a cargo de la prevención, el control y la rehabilitación, todas bajo un mismo ministerio. Al estar en esta nueva institucionalidad, no solo van a llegar más recursos, sino que habrá una coordinación mucho más directa entre instituciones, lo que permitirá maximizar la respuesta del Estado frente al delito organizado”, detalla.

“Una oportunidad peligrosa”

En ese contexto, Christian Alveal identifica otro factor de debilidad institucional: la existencia de múltiples gremios al interior de Gendarmería, lo que —según su análisis— ha generado fragmentación y disputas internas entre funcionarios.

“En Gendarmería existen más de diez gremios, y eso no es un detalle menor. Diez gremios significan diez visiones distintas dentro de una misma institución, con intereses distintos. Eso implica pugnas internas, fragmentación y tensiones”, señala. La división interna —advierte Alveal— no es solo un problema entre trabajadores, sino un riesgo real para el funcionamiento de las cárceles en un sistema cada vez más presionado por el crimen organizado.

Afirma que, en ese escenario, está a favor de la norma y considera que su eliminación apunta a fortalecer la salud del sistema. “En el contexto del crimen organizado, eso puede transformarse en una oportunidad peligrosa. Puede detonar una reacción de la población penal”, advierte.

—¿Esta reforma puede terminar con el problema de la corrupción al interior de Gendarmería?

“Hoy Gendarmería, al ser un servicio público, no tiene unidades de asuntos internos potentes ni presupuesto para informantes o agentes de inteligencia. Al convertirse en una institución de seguridad pública, podrá desarrollar capacidades similares a Carabineros, con cruces de información, convenios con el Ministerio Público y las policías”.

Sin embargo, el exdirector aclara que la reforma no promete erradicar por completo la corrupción: “La corrupción no es exclusiva de Gendarmería; es un problema transversal del Estado. Pero esta nueva institucionalidad permitirá mayor formación, mayor protección al funcionario que no quiere corromperse y mayor capacidad para expulsar a quienes se apartan del deber”.

El punto, concluyó, es no dejar solos a los funcionarios. “El crimen organizado te ofrece dos caminos: te vendes o te matan. El Estado no puede dejar solos a sus funcionarios. Esta reforma busca que no estén solos”.