Gendarme formalizado por red de corrupción habría facilitado celular a exagente de la DINA condenado en excarcel Punta Peuco
La fiscalía expuso escuchas y transferencias que apuntan a un rol activo del funcionario en prácticas ilegales, argumento clave para sostener la prisión preventiva.
Punta Peuco
La Fiscalía expuso nuevos antecedentes en la investigación por una red de corrupción al interior de Gendarmería, que involucra a decenas de funcionarios y civiles vinculados a actividades ilícitas desde recintos penitenciarios.
Entre ellos figura el gendarme Humberto Sandoval Pino, formalizado por su presunta participación en la organización que operaba principalmente en la cárcel Santiago 1.
Durante la audiencia, el Ministerio Público reveló que Sandoval habría facilitado su teléfono celular al exagente de la DINA Gerardo Godoy García, condenado por violaciones a los derechos humanos y recluido en exPunta Peuco, permitiéndole realizar comunicaciones externas.
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Godoy, conocido como el “Teniente Marcos”, cumple condenas que superan los 80 años de presidio por su rol en la Operación Colombo.
El fiscal jefe de Focos Penitenciarios, Sergio Soto, sostuvo que el actuar del funcionario no fue un hecho aislado y descartó que su traslado o salida de Santiago 1 eliminara el riesgo que representa.
Estaría vinculado a bandas criminales
“Se transformó en una especie de call center respecto de los condenados, facilitándoles los teléfonos”, afirmó el persecutor, al presentar una conversación interceptada en la que Godoy hablaba con su hija usando el dispositivo del gendarme.
Según Radio Bio Bio, la investigación también vincula a Sandoval con diversas bandas criminales que operaban al interior de Santiago 1, las cuales habrían pagado por el ingreso de objetos prohibidos y otras gestiones ilegales.
La fiscalía cuenta con registros de transferencias bancarias desde internos hacia el funcionario, como parte de los antecedentes reunidos.
En este contexto, el Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para la mayoría de los imputados —42 gendarmes y 20 civiles— al acoger la solicitud del Ministerio Público, considerando la gravedad de los hechos y el peligro que la red representaría para la seguridad pública.
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