Diputados RN llevan denuncias de intervencionismo hasta el CDE: podría haber cárcel
El documento que dejaron en el Consejo de Defensa del Estado repasa algunos hechos ocurridos en las últimas semanas y justifica las eventuales acciones en la Ley 18.575.
Miguel Mellado, Andrés Celis, 1024x576 jpg ok
En horas de la mañana de este viernes los diputados de Renovación Nacional (RN) Andrés Celis y Miguel Mellado llegaron hasta las dependencias del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para pedir que el organismo evalúe presentar acciones penales en contra de «autoridades que han decidido desconocer normas e instructivo de Contraloría». Esto, por hechos vinculados al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.
En el escrito, los parlamentarios (que llegaron «a nombre de toda la bancada») enumeraron las situaciones que sustentaron la acción: un mural pintando en la municipalidad de San Bernardo en mayo pasado; los dichos del secretario regional ministerial (Seremi) de Salud del Biobío, quien señaló que «nosotros como Gobierno estamos disponibles para el Apruebo (…) estamos mandatados por nuestro Presidente para plantearlo»; una charla del ex vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, hecha en el hospital Barros Luco, en día hábil y horario laboral, de carácter obligatoria y promovida por la jefa de Servicio de Medicina; la reunión por el Apruebo que el socialista Camilo Escalona aseguró haber realizado en La Moneda; y los sumarios ya en investigación por conductas del mismo tono en las municipalidades de Pudahuel, Ñuñoa y Lampa.
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Los diputados aseguraron que en todas estas conductas las autoridades han decidido «desconocer las normas que informan la función pública así como los dictámenes e instrucciones específicamente dictadas al efecto por la Contraloría General de la República«. Sobre el rol del CDE, aseguraron que «es también procedente perseguir la responsabilidad penal que pueda caber a estos funcionarios, atendida la velada decisión en su obrar, y aumentar así el reproche estatal con una respuesta que supere lo meramente administrativo».
«Creemos que es plenamente necesario evaluar y someter a la deliberación del Consejo la utilización de la vía penal como una forma de perseguir eventuales responsabilidades penales y resarcir el daño que se hubiere impetrado tanto al patrimonio fiscal como a la integridad de la función pública», se lee hacia la conclusión.
En concreto, los hechos afectan la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado 18.575 por ser actividades realizadas por funcionarios públicos, en horario laboral, bajo remuneración y con recursos fiscales destinados por ley a otras materias. A ello se suman las responsabilidades tipificadas en los artículos 233 y 235 del Código Penal, relativa a los funcionarios públicos, que considera desde el presidio menor hasta la inhabilitación para el ejercicio de cargos.
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El diputado Celis apuntó a «una sanción que no es un téngase presente o un tirón de orejas, sino una sanción penal. Espero que el CDE se haga parte para que el Gobierno entienda que no puede estar haciendo una campaña sin hacer caso al contralor general de la República». Además, agregó que buscarán celeridad «para que podamos calmar al Gobierno y a los municipios, que están absolutamente jugados por el Apruebo y más que eso, desesperados».
Por su parte, Mellado consideró incluso la posibilidad de «malversación de fondos, que traspasan recursos de un lugar a otro para esta campaña. Se ha visto a todas luces: en municipios también y en el Gobierno».
