UAF alertó al fiscal Ángel Valencia sobre operaciones sospechosas de la red del Tren de Aragua desde abril de 2024
Documentos enviados al Ministerio Público advirtieron movimientos financieros sospechosos de empresas y personas que luego fueron vinculadas a la estructura criminal desbaratada este año.
Ángel Valencia - UAF / VICTOR HUENANTE
Nuevos antecedentes sobre la investigación que permitió desbaratar una millonaria red financiera vinculada al Tren de Aragua revelan que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) había advertido al Ministerio Público sobre movimientos sospechosos de personas y empresas ligadas a la organización desde abril de 2024.
Según documentos enviados por la UAF al fiscal nacional, Ángel Valencia, entre 2024 y 2026 se reportaron operaciones asociadas a sociedades de fachada y a varios de los imputados en la causa, incluida la del exejecutivo de Banco Santander José Pérez Asencio, detenido en el operativo realizado el pasado 2 de junio.
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Como consignó Ciper, la fecha del primer informe cobra relevancia porque fue remitido al menos dos meses antes del quíntuple homicidio ocurrido en Lampa en julio de 2024, hecho que dio origen a la investigación que terminó exponiendo la estructura criminal y sus mecanismos para sacar más de $75 mil millones del país.
“No llegaron en este caso en particular”
Consultada por estos antecedentes, la Fiscalía Nacional señaló que los informes de la UAF son “recepcionados y analizados por las unidades especializadas del Ministerio Público” y posteriormente derivados a las fiscalías regionales que investigan los hechos o personas reportadas.
Sin embargo, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, afirmó que recibió esos reportes recién cuando los solicitó.
“Los reportes existían, llegaron al Ministerio Público. No llegaron en este caso en particular a la Fiscalía Regional Sur”, sostuvo en Radio Duna. Respecto del destino de esos antecedentes, agregó: “Desconozco qué pasó ahí (...) debe estar en otra fiscalía”.
Entre las alertas detectadas por bancos figuraban movimientos de dinero incompatibles con la capacidad económica declarada de algunos investigados, transferencias millonarias vinculadas a las empresas BexGroup y Bexdigital Service, además de operaciones realizadas por presuntos integrantes de la organización criminal.