PDI realiza diligencias en sucursal de BancoEstado en Santiago Centro por investigación del Tren de Aragua
Personal policial busca incautar antecedentes vinculados a una trabajadora externa del banco, formalizada en la operación Tokio.
Agencia Uno
Una sucursal de BancoEstado, ubicada en Morandé con Huérfanos, en pleno centro de Santiago, fue allanada en el marco de la operación Tokio, causa que investiga una red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua.
La diligencia apunta a incautar documentación y antecedentes que puedan servir para una investigación que se mantiene bajo reserva.
En esa sucursal prestaba servicios Rossana Magdalena Blanco Blanco, de 45 años, quien trabajaba para BancoEstado mediante una empresa externa y hoy figura entre los 17 formalizados de la causa.
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Investigación apunta a cuentas, extorsiones y empresas de fachada
Blanco se transformó en la segunda persona relacionada con el sistema financiero involucrada en la investigación, junto al ejecutivo de Banco Santander José Carlos Pérez Asencio. Según la Fiscalía, la mujer habría participado en la facilitación de cuentas usadas para mover dinero proveniente de actividades ilícitas.
Los antecedentes expuestos por el Ministerio Público también apuntan a que la imputada mantenía transferencias con el ejecutivo bancario detenido. Además, la investigación sostiene que su rol no se habría limitado al ámbito financiero.
De acuerdo con la indagatoria, Blanco aparece vinculada a actividades de extorsión junto a su pareja, Joel David Díaz, alias “L’Ermitage”, productor de eventos y presunto integrante de la facción “Los Shelby” del Tren de Aragua.
Según la Fiscalía, Díaz habría cobrado “vacunas” a locales nocturnos y organizadores de eventos, mientras Blanco habría actuado como una colaboradora cercana y mantenido contactos con otros integrantes de la red, incluido “Yefri”, sindicado como operador de la estructura desde Venezuela.
Los investigadores también atribuyen a la imputada participación en la creación de una empresa de fachada y en maniobras relacionadas con el traslado de vehículos robados hacia Bolivia, donde eran comercializados e incluso enviados posteriormente a Venezuela.
El allanamiento busca sumar nuevos antecedentes sobre el eventual uso de estructuras bancarias, cuentas y empresas para mover fondos asociados a delitos investigados por el Ministerio Público.