Exdirectora de Junaeb por investigación tras auditoría del gobierno: “Busca construir un relato para justificar el recorte de beneficios sociales”
Camila Rubio aseguró que las observaciones del período de Boric fueron totalmente subsanadas por la Contraloría y acusó que la denuncia obedece a una “necesidad mediática”.
El plan de “auditoría total” implementado por la administración del Presidente José Antonio Kast cobró su primera e importante pieza judicial. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) se transformará formalmente en la primera repartición pública en llevar sus hallazgos ante los tribunales, tras el balance macro presentado este lunes por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal respecto al uso de recursos fiscales durante el período de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026).
Según antecedentes confirmados por La Tercera, el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, junto a la jefa del Departamento Jurídico del servicio, Catalina Poblete, sostendrán este miércoles a las 11:30 horas una reunión clave con Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público.
Inmediatamente después de la cita, las autoridades ingresarán una denuncia criminal formal por delitos asociados a fraude al fisco, cuyas estimaciones contables internas arrojan un perjuicio que sobrepasa los 14 mil millones de pesos. En paralelo, se interpondrá una denuncia del mismo tenor ante la Contraloría General de la República para perseguir responsabilidades administrativas, estrategia que ya le fue adelantada a la contralora Dorothy Pérez la semana pasada.
Licitaciones del PAE y el factor Soser
Las pesquisas del Comité Estratégico levantaron alertas de “riesgo fiscal significante” en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), detectando la coexistencia de sobreprecios reiterados y la validación de pagos estatales por servicios de alimentación escolar que presuntamente nunca se llegaron a realizar.
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El caso evoca de forma directa el escándalo político desatado en julio de 2023. En medio de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el exdirector del organismo, Cristóbal Acevedo, denunció que en 2022 Junaeb llegó a pagar la suma de $3.500 millones por apenas 30 colaciones en la Región de O’Higgins a la empresa Soser, proveedora histórica del servicio.
Si bien en su oportunidad la jefatura desmintió el hecho, el proveedor se autodenunció y la causa penal respectiva terminó sobreseída definitivamente en mayo de 2024, la actual administración reactivó la ofensiva basándose en antecedentes técnicos no abordados previamente:
- Reparos vigentes de Contraloría: Aunque un informe de seguimiento emitido el pasado 27 de abril de este año dio cuenta de que algunas observaciones administrativas fueron subsanadas, el órgano de control mantuvo firmes otros reparos financieros estructurales de la auditoría matriz del período 2021-2022 (cuyas carpetas ya habían sido derivadas al Consejo de Defensa del Estado).
- Inclusión de la data 2023: La actual dirección de Junaeb incorporó una nueva base de datos financieros correspondiente al año 2023, fecha hasta la cual se mantuvo vigente el contrato de suministro con Soser. Esta nueva información es la que provocó el desborde de las cifras, elevando el monto global de los dineros acusados como “mal pagados” a más de $14.000 millones.
“Necesidad mediática”: Los descargos de la exadministración
La contraparte política no tardó en reaccionar ante la inminente judicialización de los balances. Quien fuera la directora nacional de Junaeb durante el período cuestionado, Camila Rubio, defendió con fuerza su gestión y acusó al Ejecutivo de levantar una estrategia comunicacional orientada a justificar recortes presupuestarios en las carteras de ayuda estudiantil.
“Contraloría ha sido clara: nuestra gestión solucionó los problemas del pasado y descartó irregularidades. Esta campaña busca construir un relato para justificar el recorte de los beneficios sociales que con tanto esfuerzo hemos protegido. Este no es un tema nuevo ni desconocido, ha sido investigado tanto por Contraloría como por el propio Ministerio Público. Existe un informe de 2025 el cual señala que no existieron irregularidades y en abril de 2026 el informe de Seguimiento de Contraloría señaló que las observaciones fueron totalmente subsanadas”, aseguró Rubio al diario citado.
De acuerdo con la tesis de la exdirectora, las anomalías detectadas en los flujos de dineros no responden a fraudes de su administración, sino a un “problema estructural” heredado del diseño de la licitación del año 2020 (bajo el gobierno de Sebastián Piñera), cuyas bases permitieron distorsiones en las adjudicaciones y deficiencias en la calidad de los servicios de alimentación.
Por ello, Rubio sentenció que la ofensiva penal de Fernando Peña “no es más que una noticia antigua que se quiere presentar de forma diferente (...), lo que hace suponer que obedece más a una necesidad mediática que a un descubrimiento real”, abriendo un complejo e intenso debate técnico que ahora quedará bajo la exclusiva resolución de los fiscales anticorrupción.
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