El foco de la “auditoría total” de Kast: las cuatro instituciones estatales bajo sospecha de irregularidades financieras
La subsecretaria Constanza Castillo detalló que la revisión de la administración de Boric arrojó inconsistencias que forzarán pesquisas internas en estas cuatro reparticiones del aparato público.
Agencia Uno
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó este lunes los primeros resultados de la “auditoría total” encomendada al aparato estatal.
La presentación, liderada por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, junto a un comité técnico transversal, expuso alarmantes alertas y un eventual riesgo fiscal que involucra recursos públicos por US$ 9.200 millones, correspondientes a la gestión del expresidente Gabriel Boric (2022-2026).
Si bien desde el Ejecutivo recalcaron con fuerza que estos hallazgos preliminares no configuran automáticamente delitos o fraudes, sino que abarcan desde errores aritméticos hasta debilidades estructurales, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal determinó que existen antecedentes particularmente complejos en áreas específicas. Por este motivo, el Gobierno anunció la apertura inmediata de investigaciones profundas en cuatro organismos públicos prioritarios:
Revisa también:
1. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)
La institución se encuentra bajo la lupa debido a la detección de presuntas irregularidades en los procesos de licitación del emblemático Programa de Alimentación Escolar (PAE). La indagatoria gubernamental apuntará a esclarecer el pago de servicios de alimentación que presuntamente nunca se llegaron a realizar, además de investigar la existencia de posibles sobreprecios en los contratos con proveedores. Cabe señalar que la Junaeb también fue identificada con una alta concentración en el uso excepcional de tratos directos y compras ágiles.
2. Fundación Prodemu (Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer) / Sernameg
Tanto la fundación como el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género enfrentarán fiscalizaciones rigurosas a su gestión financiera. Los auditores levantaron alertas institucionales ante un presunto uso ineficiente de los recursos públicos asignados a la repartición y la presencia de severas falencias en los mecanismos de control interno de sus programas y fondos.
3. Subsecretaría de Transportes
Los equipos de control fiscal detectaron un complejo escenario administrativo al interior de esta subsecretaría, gatillado por un severo desorden en el control financiero y contable. La investigación se concentrará en aclarar el origen de múltiples rendiciones de cuentas pendientes, además de determinar las responsabilidades administrativas detrás del no cobro de multas y garantías vencidas a favor del Estado.
4. Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)
La entidad encargada de la promoción científica y tecnológica en el país cierra el cuadrante de las instituciones que serán intervenidas de forma inmediata. El Comité Estratégico detectó en los balances de la agencia altos niveles de rendiciones que fueron formalmente rechazadas, sumado a una cuantiosa cantidad de recursos públicos traspasados que se mantienen hasta la fecha pendientes de rendición por parte de sus ejecutores.
El balance del descalce impositivo
| Organismo bajo indagación | Principales flancos advertidos por el Comité de Auditoría |
|---|---|
| Junaeb | Posibles sobreprecios e irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE). |
| Prodemu / Sernameg | Falencias severas de control interno y presunto uso ineficiente de recursos fiscales. |
| Subsecretaría de Transportes | Desorden contable, rendiciones pendientes y omisión en el cobro de multas y garantías. |
| ANID | Altos índices de rendiciones rechazadas y millonarios fondos públicos sin rendir. |
Hacia el cierre de la alocución en el Palacio de La Moneda, las autoridades ministeriales enfatizaron que, de confirmarse los hallazgos o acreditarse desvíos de fondos y faltas a la probidad en cualquiera de estas cuatro reparticiones, los expedientes e informes técnicos serán remitidos con máxima celeridad ante la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) o el Ministerio Público para la persecución penal correspondiente de los involucrados.
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