“Mala comprensión”: Interior aclara norma por información de migrantes irregulares tras “preocupación” de ministra Chomalí

El Gobierno salió a explicar y defender la controvertida indicación legislativa que permitiría solicitar información de migrantes irregulares a instituciones de salud, educación y previsión, luego de las “preocupaciones” levantadas por la ministra de Salud, May Chomalí, quien advirtió que el Minsal “no puede ir contra la ley”.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que la iniciativa no busca intervenir en la confidencialidad médica ni vulnerar los derechos de los pacientes.

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“Es simplemente solicitar información de acuerdo a los nuevos marcos jurídicos establecidos, como la ley de protección de datos”, afirmó.

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La autoridad sostuvo que el objetivo de la indicación es adecuar la normativa vigente a las facultades que ya posee el Servicio Nacional de Migraciones. “No tiene como propósito inmiscuirse en la ley de protección al paciente”, insistió.

“Mala comprensión”

En la misma línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que existe una “mala comprensión” de la propuesta y descartó que implique denuncias automáticas o reportes masivos de migrantes irregulares.

“Acá nunca ha estado en la intención del Gobierno ninguna obligación que se parezca a un reporte o denuncia”, señaló. Según explicó, la medida solo operaría cuando exista un procedimiento migratorio sancionatorio o de expulsión ya iniciado.

Las explicaciones del Ejecutivo llegan luego de que la ministra May Chomalí expresara preocupación por el alcance de la iniciativa, enfatizando que los antecedentes médicos están protegidos por el Código Sanitario y que “no podemos negarle la atención de salud a un migrante”.

Ante esto, el subsecretario detalló que la indicación busca facilitar la ubicación de personas que ya fueron notificadas en procesos migratorios y posteriormente no pueden ser encontradas por las autoridades. “Lo único que hace es permitir obtener algún antecedente que nos permita ubicar a esas personas”, sostuvo.

Además, agregó que la información seguiría protegida por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y que no podrá utilizarse para fines distintos a los procedimientos migratorios. “Esto resguarda todas las garantías constitucionales (...) en ese sentido no hay ninguna descoordinación”, afirmó.