VIDEO. Dipres reconoce error de comunicación en oficio presupuestario: “No es descontinuar, es reformular”
La Dirección de Presupuestos explicó que el documento forma parte del proceso habitual del Presupuesto 2026.
DIPRES
La Dirección de Presupuestos (Dipres) salió a explicar la controversia generada por un oficio enviado a distintas carteras en el marco de la elaboración del Presupuesto, documento que incluía recomendaciones sobre eventuales recortes y la descontinuación de programas públicos.
La discusión se instaló tras conocerse que el texto sugería ajustes a iniciativas en áreas sensibles como salud, educación y protección social.
En esto, el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá, abordó el tema en un seminario en la Pontificia Universidad Católica, donde reconoció que la forma en que se comunicó la instrucción pudo generar interpretaciones erróneas.
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En ese sentido, planteó que el concepto más adecuado no era “descontinuar”, sino “reformular”, aclarando que no se busca eliminar políticas públicas, sino modificar su ejecución cuando existen deficiencias en su implementación.
Llodrá ejemplificó con el caso del Programa de Alimentación Escolar, incluido en el listado de iniciativas observadas, señalando que el objetivo no es terminar con ese tipo de apoyo, sino eventualmente rediseñarlo para mantener el mismo fin mediante otra herramienta. “Nadie dice que hay que eliminar programas, sino que pueden ejecutarse de otra manera para lograr el mismo objetivo”, explicó.
El oficio en cuestión plantea la revisión de 142 programas y la reducción del financiamiento de otros 260, lo que generó críticas desde distintos sectores políticos. Entre los puntos observados figuran programas de salud mental, prevención del suicidio y alimentación escolar, lo que motivó cuestionamientos por el impacto social de eventuales ajustes.
Desde la Dipres recalcaron que el documento forma parte del proceso habitual de elaboración presupuestaria y que aún se encuentra en una etapa preliminar, donde los servicios públicos deben definir sus prioridades antes de la formulación final del erario nacional.