“Tuvieron la información y no la entregaron”: Rabat cuestiona al gobierno de Boric por caso Bernarda Vera

Durante al menos 15 meses permanecieron en la Subsecretaría de Derechos Humanos antecedentes que ponían en duda la desaparición forzada de Bernarda Vera, sin que estos fueran informados al ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa. Así lo denunció el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien calificó la situación como “grave”.

La controversia surgió luego de que exámenes de ADN confirmaran que Vera está viva y reside en Argentina, pese a figurar como víctima de desaparición forzada en el Informe Rettig.

Según explicó Rabat, el Plan Nacional de Búsqueda conoció los primeros antecedentes en marzo de 2024, pero estos fueron entregados al ministro Mesa recién en junio de 2025.

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“Hubo por lo menos 15 meses en que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no se reaccionó prontamente. Reaccionar en una materia tan delicada es ponerla en conocimiento de la autoridad, lo que no se hizo, y eso nos parece grave”, afirmó en Radio Infinita.

Ante estos hechos, el Ministerio de Justicia instruyó una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Rabat sostuvo que las explicaciones deben ser entregadas por quienes tuvieron acceso a los antecedentes y no los reportaron oportunamente.

“Hay que preguntarles a quienes tuvieron la información y no la entregaron, y eso me parece grave”, enfatizó.

El secretario de Estado recordó que las anteriores jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda fueron removidas por falta de confianza tras el cambio de Gobierno. Además, destacó que la nueva encargada consiguió materializar los análisis genéticos entre abril y julio de 2026.

“En tres meses se hizo lo que no se obtuvo en casi dos años”, afirmó.

El Ejecutivo también ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe las acciones destinadas a resguardar los recursos fiscales y determine si corresponde exigir la devolución de pagos que eventualmente carezcan de justificación.

“El Estado de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado, está en situación de requerir todo pago que no tenga una causa que lo justifique, con independencia de si quien lo recibió estaba de buena o mala fe”, explicó Rabat.

Respecto de las dudas que el caso podría generar sobre el Informe Rettig, el ministro señaló que anteriormente ya se habían detectado nueve situaciones erróneas y tres casos de duplicidad, por lo que anunció un fortalecimiento del Plan Nacional de Búsqueda.

“Frente a una duda razonable, ¿qué debe hacer el Estado? Investigar”, concluyó.