Oposición presenta proyecto para frenar cobros del CAE y suspender acciones ejecutivas por 90 días
Parlamentarios impulsaron una iniciativa que busca limitar los cobros compulsivos del Crédito con Aval del Estado, incorporar criterios socioeconómicos y obligar la vía judicial.
Oposición presenta proyecto para frenar cobros del CAE y suspender acciones ejecutivas por 90 días
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Tras el inicio del plan de cobranzas del Crédito con Aval del Estado (CAE) por parte de la Tesorería General de la República, un grupo de parlamentarios de oposición presentó un proyecto de ley que busca poner límites a los mecanismos de cobro y abrir la puerta a fórmulas de pago más justas.
La propuesta plantea requisitos de legalidad, transparencia y auditoría, además de un sistema que considere la capacidad real de pago de cada deudor, en medio de la preocupación de miles de personas por eventuales retenciones, embargos y descuentos.
La iniciativa surge luego de que la TGR activara, desde el 6 de abril de 2026, un proceso masivo de cobro sobre una cartera morosa que supera las 550 mil personas, por una deuda acumulada de $4 billones.
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Según el texto del proyecto, las medidas hoy vigentes contemplan retención de remuneraciones, embargos y acciones judiciales, mientras que quienes registran ingresos menores pueden acceder a convenios, aunque con exigencias que muchos consideran difíciles de cumplir, como el pago de un pie inicial equivalente al 10% de la deuda.
El proyecto busca que el cobro del CAE pase por tribunales y considere vulnerabilidad
Uno de los ejes centrales de la propuesta apunta a que los cobros del CAE se realicen exclusivamente por la vía judicial, mediante juicio ejecutivo ordinario, dejando fuera la vía administrativa.
Junto con eso, el proyecto crea un índice de vulnerabilidad socioeconómica que deberá medir ingresos, cargas familiares, endeudamiento, gastos esenciales y estabilidad laboral, con el objetivo de ajustar las cuotas a la realidad de cada hogar. El texto también establece que la sola solicitud de un convenio suspenderá cualquier acción de cobro en curso.
La diputada Ana María Gazmuri, una de las impulsoras, sostuvo que “estamos presentando este proyecto de ley que, de alguna manera, venga a ordenar y considerar estos factores socioeconómicos”. Luego agregó que “deja claro también que la vía es la vía judicial”, remarcando además que el artículo transitorio busca suspender por 90 días las acciones iniciadas desde abril para evitar un nuevo golpe sobre las familias.
Desde el mundo legal, el director de Defensa a Deudores, Mario Espinoza, explicó que la notificación enviada por Tesorería abre una instancia para responder, aunque también habilita medidas severas.
En sus palabras, “esa es la notificación que da origen al juicio de cobro”, y a partir de allí la Tesorería puede solicitar embargos, retener devoluciones de impuestos o ir contra fondos en cuentas bancarias, aunque para eso debe realizar nuevas gestiones.
La propuesta fue firmada por Gazmuri junto a legisladores del PS, FA, PC, DC y PPD, y ahora deberá iniciar su tramitación legislativa.
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