Zanjas en la frontera: análisis jurídico detalla qué puede hacer el Gobierno y qué no

Un estudio jurídico analizó las facultades legales que tiene el Gobierno para ejecutar obras como zanjas u otras intervenciones físicas en la frontera norte del país.

Esto, en medio del debate por las medidas impulsadas por el presidente José Antonio Kast con el objetivo de reforzar el control migratorio en sectores como Colchane.

El análisis fue elaborado por Trifolia, que revisó el marco normativo que regula el control fronterizo y las competencias de las distintas autoridades del Estado para intervenir en territorio en zonas limítrofes.

Según el informe, el control de los pasos fronterizos y las intervenciones asociadas corresponden al Poder Ejecutivo, a través de organismos como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Además de la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas y las Fuerzas Armadas en determinados contextos.

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De acuerdo con el estudio, medidas como zanjas u otras obras de contención pueden ejecutarse siempre que se realicen dentro de las atribuciones administrativas del Ejecutivo y bajo la coordinación de los organismos competentes.

“El marco jurídico chileno establece que el control y la administración de la frontera corresponden al Poder Ejecutivo y a los organismos especializados que actúan bajo su coordinación”, explicó Javier Ramírez.

El informe también advierte que cualquier intervención debe ajustarse al principio de juridicidad establecido en la Constitución, que obliga a los órganos del Estado a actuar dentro de las atribuciones que les confiere la ley.

De lo contrario, las decisiones podrían ser consideradas ilegales o arbitrarias por los tribunales.