Señales antes del crimen: imputado por femicidio en Coquimbo ya contaba con antecedentes previos de violencia
Paulina Corrotea había acudido por asistencia médica a un Cesfam días previos a la golpiza que acabó con su vida.
Paulina Corrotea Chacana, de 40 años y madre de tres hijos, perdió la vida el pasado 2 de enero tras sufrir un brutal ataque de su pareja en el sector Tierras Blancas de Coquimbo.
Su caso conmovió al país porque, lamentablemente, se convirtió en la primera víctima de femicidio del año en la región, además de los detalles dramáticos que rodean el caso.
El agresor, de 27 años, con quien convivía desde junio tras iniciar la relación en marzo del año pasado, ya fue formalizado por femicidio íntimo, según instruyó el Juzgado de Garantía local.
La jueza Carolina Baroncini dictó prisión preventiva, argumentando que su libertad representa un peligro concreto para la sociedad debido a sus antecedentes de violencia contra otras mujeres.
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Conforme a los relatos y la información que se dio a conocer en medio del proceso legal, hubo un episodio previo en el que la víctima ya había sido agredida pero no hubo respuesta satisfactoria por autoridades.
Corrotea buscó atención médica en el Cesfam de Tierras Blancas el viernes 19 de diciembre por lesiones de una golpiza, pero fue enviada a su hogar alrededor de las 22:00 horas.
Nueve días después, el 28 de diciembre, el hombre la atacó nuevamente con un elemento contundente en cabeza y cuerpo, provocándole un traumatismo craneoencefálico que la llevó de urgencia al Hospital de Coquimbo, donde falleció días más tarde.
La Fiscalía destaca que las agresiones eran habituales, incluso frente a los hijos de Paulina. Además, se precisó que el imputado huyó a Rancagua antes de ser detenido por la PDI.
Detalles de la formalización
Durante la audiencia del jueves, la magistrada Baroncini señaló que el hombre actuó con dolo porque, al golpear a la víctima en la cabeza, de la manera en que lo hizo, el peligro de muerte era un riesgo evidente.
La resolución judicial enfatiza los antecedentes de violencia intrafamiliar del agresor contra otras víctimas, justificando la medida cautelar extrema.
El fiscal Juan Pablo Aguilera anunció un plazo de 90 días para la investigación, reuniendo más pruebas como la autopsia del Servicio Médico Legal que confirma el origen violento del deceso.
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