Caso “Muñeca Bielorrusa”: CDE presenta querella contra Gonzalo Migueles y exministra Vivanco por trama de sobornos
Pagos millonarios, viajes de lujo y decisiones judiciales a favor del consorcio Belaz-Movitec: el caso que sacude a la Corte Suprema.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, dos abogados y dos conservadores de bienes raíces, por presuntos delitos de corrupción relacionados con la llamada “trama bielorrusa”.
La querella apunta nominativamente a Migueles, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz-Movitec, y a los conservadores de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle.

Archivo
Según el CDE, los imputados habrían recibido pagos irregulares a cambio de gestiones de Vivanco, quien como integrante de la Tercera Sala de la Corte Suprema habría tomado decisiones favorables al consorcio en recursos de protección, quejas y apelaciones contra Codelco, infringiendo los deberes de su cargo.
Revisa también

El organismo estatal indicó que la querella se dirige contra todos quienes resulten responsables por delitos de soborno, cohecho y lavado de activos, sin perjuicio de otros ilícitos que se determinen durante la investigación del Ministerio Público.
Los supuestos pagos
Paralelamente, la Fiscalía Regional de Los Lagos cifró en más de $57 millones las presuntas coimas que Migueles y Vivanco habrían recibido. El primer pago, cercano a $12 millones, se habría efectuado tras un fallo judicial que obligó a Codelco a cancelar más de $4.400 millones al consorcio.
Meses después, se registró un segundo desembolso de $45 millones, presuntamente mediante mecanismos para ocultar su origen, lo que motivó la indagatoria por lavado de activos.
Los antecedentes señalan además que parte de los fondos se habrían utilizado para viajes y compras de lujo en el extranjero. Hasta ahora, Vivanco ha negado haber recibido dinero de manera ilícita y sostiene que mantiene una economía separada de la de su pareja.
El caso continúa bajo reserva judicial mientras el Ministerio Público investiga la trazabilidad de los pagos, los vínculos entre el consorcio y los abogados implicados, y posibles nuevas operaciones irregulares.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.























