Empresa de cobranza afirma desvinculación de trabajador tras denuncia de agresión a estudiante universitario
Además, la superintendencia oficiará a la Universidad Andrés Bello sobre la relación contractual con Remesa, quienes prestaban el servicio a la casa de estudios.
Empresa de cobranza afirma desvinculación de trabajador tras denuncia de agresión a estudiante universitario
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Luego del violento ataque a un joven recién operado que mantiene una deuda de $300.000 con la Universidad Andrés Bello, la empresa que envió al sujeto que perpetró el hecho, Remesa, afirmó que fue desvinculado, lamentó los hechos y detalló que «lo que muestra el video no es parte del protocolo y procedimientos de nuestra empresa y no se identifica con el espíritu de trabajo de ésta», dando cuenta de un sumario interno que terminó con el despido.
Además, precisaron que la persona no era específicamente un cobrador, sino que era «un ‘verificador de domicilio’ que desconoce la deuda» y que tenía por objetivo chequear que el deudor vive ahí para que «en el evento que en el futuro exista una acción judicial, evitando de esta manera que salgan perjudicados terceros, ante la eventualidad de haber embargos o acciones legales».
Según la empresa «en el caso en cuestión, se cumplieron todos los protocolos y procedimientos, se verificó domicilio, se asistió a la dirección registrada por el estudiante, durante día y hora hábil, preguntando directamente por él, para informarle personalmente la existencia de una deuda. Esta acción obedece a que nunca fue posible contactarlo telefónicamente, existiendo registro de ello», aunque el propio Francisco Jorquera, víctima de la agresión que, además, abrió una intervención quirúrgica que le habían realizado recientemente, declaró que fue acosado por teléfono.
«Sin perjuicio de lo anterior, nada justifica los actos de violencia, los cuales repudiamos y atribuimos a un problema personal que se pudo generar entre los involucrados en el momento de la visita», declaró Remesa, que habría dejado de tener una relación contractual con la Universidad Andrés Bello, institución que será oficiada por la superintendencia de Educación para que en un plazo de cinco días aclare sus procedimientos frente a las cobranzas y cómo era el funcionamiento con la empresa.