Comisión de Seguridad aprueba proyecto que extiende legítima defensa privilegiada a policías y militares de franco
La iniciativa, que ahora pasa a la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, busca ampliar el alcance de la Ley Naín Retamal para proteger a los funcionarios que repelan agresiones graves mientras se encuentran fuera de servicio.
Comisión de Seguridad aprueba proyecto que extiende legítima defensa privilegiada a policías y militares de franco / Diego Martin
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a Sala el proyecto de ley (boletín 16300) que busca extender la figura de la legítima defensa privilegiada a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en calidad de franco.
La moción parlamentaria tiene como objetivo central ampliar los márgenes y el alcance de la ley 21.560, normativa conocida públicamente como Naín Retamal. En su redacción actual, dicho cuerpo legal estableció una presunción de legítima defensa para los efectivos policiales, de Gendarmería y militares exclusivamente cuando cumplen labores activas de orden y seguridad pública interior, dejando en la indefensión jurídica a quienes intervienen para repeler un ataque encontrándose fuera de servicio.
Ampliación de la protección y uso de armamento
Para subsanar este vacío legal, el nuevo proyecto establece expresamente que esta presunción jurídica también se aplicará a los funcionarios que, estando de franco, repelan o impidan una agresión que amenace con afectar gravemente su integridad física, su vida, o las de un tercero.
Asimismo, la iniciativa legaliza que dicha actuación defensiva o de protección pueda realizarse legítimamente mediante el empleo de armas o la utilización de cualquier otro medio de defensa proporcional al ataque enfrentado.
Rechazo de indicaciones restrictivas y postura del Ejecutivo
Durante la tramitación de la norma en la instancia legislativa, el debate estuvo marcado por la presentación de dos indicaciones que buscaban acotar el alcance de esta figura jurídica.
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La primera, impulsada por el diputado Patricio Pinilla, pretendía limitar la protección a agresiones ejecutadas con armas o ataques perpetrados por dos o más personas, excluyendo la presunción si la agresión ya había cesado o si el funcionario se encontraba suspendido. La segunda indicación, del diputado Raúl Leiva, proponía que la legítima defensa operara siempre que la actuación del efectivo de franco se realizara estrictamente en razón de su cargo o en resguardo del orden público.
Ambas enmiendas fueron rechazadas por la comisión, bajo el argumento de que establecer demasiadas restricciones podría terminar excluyendo situaciones de riesgo real que precisamente inspiran el espíritu de la ley.
En esta misma línea se cuadró el Ejecutivo. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió mantener la redacción original de la iniciativa legislativa. Durante su intervención, el secretario de Estado sostuvo que “especificar hipótesis de aplicación puede dejar desprotegidos a funcionarios policiales en casos no previstos", argumentando que el texto despachado permite abarcar una mayor y más realista variedad de escenarios de riesgo.
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