Greenpeace denuncia que megarreforma del Gobierno permite trasladar salmoneras infractoras a reservas marinas protegidas
Un documento de la entidad ecologista detalla que las nuevas normativas de relocalización favorecen a empresas con historial de sanciones, permitiendo mudar sus operaciones a zonas altamente vulnerables como la Reserva Nacional Kawésqar, el segundo parque más grande de Chile.
La tramitación de la ley emblema del gobierno del Presidente José Antonio Kast abrió una nueva controversia legislativa tras la inclusión de normativas que autorizan el traslado de concesiones acuícolas hacia ecosistemas altamente vulnerables en la zona austral. La inédita medida podría facilitar la operación comercial de compañías con un extenso prontuario de infracciones ecológicas al interior de santuarios naturales, advierten desde Greenpeace.
Según la ONG, el polémico mecanismo de “micro-relocalizaciones” carece de estudios técnicos que midan su impacto real en la acumulación de residuos industriales. En un declaración pública, afirman que esta flexibilización administrativa permitirá que los centros de cultivo abandonen su ubicación en parques nacionales para instalarse directamente en frágiles zonas marinas de preservación.
Greenpeace apunta a que estas disposiciones ingresadas a última hora benefician de manera directa a infractores recurrentes como Nova Austral. El organismo advirtió que la firma transnacional podría trasladar al menos nueve de sus instalaciones hacia la Reserva Nacional Kawésqar, el segundo territorio protegido más grande de Chile.
El prontuario de las beneficiadas
De acuerdo al documento de la entidad ecologista, resulta incomprensible otorgar ventajas operativas a una industria que registra un daño sistemático al ecosistema. El texto detalla que los antecedentes de la compañía aludida incluyen sobreproducción, ocultamiento de información, alteración artificial del lecho marino y un manejo deficiente de mortalidades.
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La abogada de la agrupación, Roxana Núñez, argumentó en la misiva que estas normativas fueron empujadas por el Ejecutivo bajo una presión parlamentaria totalmente impropia. La vocera enfatizó que las reglas terminan favoreciendo desproporcionadamente a entidades comerciales que ya sufrieron la revocación de sus permisos por atentar contra la biodiversidad.
Incertidumbre en zonas vírgenes
El análisis legal compartido por la institución subraya la nula claridad respecto al límite de carga que soportarán las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU). La organización recalcó que legislar de espaldas a la evidencia científica y sin parámetros administrativos claros hipoteca irremediablemente las costas del extremo sur.
Finalmente, el comunicado oficial hace un llamado a la ciudadanía y al Senado para corregir estos forados legales durante su inminente paso por las comisiones de Trabajo y Hacienda. Los representantes ambientales exigieron detener un proyecto exprés que prioriza la certeza económica de los infractores por sobre el resguardo del patrimonio natural del país.
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