“Estrés postraumático”: Las secuelas que persiguen al adolescente torturado en Puerto Montt y el fallo que obliga al Estado a pagar
La justicia modificó el fallo dictado en enero de 2025, sentenciando definitivamente al Fisco a pagar los $50 millones de pesos.
Poder Judicial Chile
En un fallo unánime, la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Fisco pagar una indemnización de $50.000.000 por concepto de daño moral a José Nelson Mancilla España.
El afectado, quien tenía solo 17 años al momento de los hechos, fue detenido y sometido a torturas en unidades policiales y penitenciarias de Puerto Montt durante la dictadura militar.
Revisa también
El tribunal de alzada confirmó la sentencia previa del Quinto Juzgado Civil de Santiago, pero decidió elevar el monto de la indemnización original tras acreditar la gravedad del daño y el impacto a largo plazo en la víctima.
Según los antecedentes del caso, Mancilla España se encuentra reconocido como víctima en el listado de la Comisión Valech II. Al momento de su detención, el 14 de diciembre de 1974, era un adolescente que cursaba octavo año básico.
El fallo detalla el calvario vivido por el menor tras ser arrestado junto a su hermano: “Fue trasladado a la 2ª Comisaría de Carabineros Guillermo Gallardo de Puerto Montt, lugar en que fue sometido a golpes, amenazas, interrogatorios y tratos degradantes, para luego ser trasladado a la cárcel de Chin Chin, donde permaneció hasta el 23 de diciembre del mismo año”.
Secuelas imborrables y amparo internacional
Para determinar el aumento del monto indemnizatorio, la Corte validó un informe del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) de Reloncaví. El documento médico concluyó que el afectado presenta Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), manifestado en desolación, dolor recurrente y sintomatología física y psíquica directamente ligada a la tortura.
Asimismo, los ministros fundaron su decisión invocando la Convención sobre los Derechos del Niño, recordando que el Estado chileno tiene la obligación estricta de proteger a los menores de edad contra tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como promover su recuperación psicológica ante traumas de esta magnitud.
“La circunstancia de haber sido sometido el actor a prisión política y tortura cuando era adolescente, la gravedad de los padecimientos sufridos, su proyección en el tiempo y la existencia de secuelas (...) tornan insuficiente la suma fijada en primera instancia”, argumentó el tribunal.
Con esta resolución, la justicia modificó el fallo dictado en enero de 2025, sentenciando definitivamente al Fisco a pagar los $50 millones de pesos, suma que incluirá reajustes e intereses en caso de retrasos en el pago.