Fisco deberá pagar millonaria indemnización a víctima de torturas y exilio en la dictadura militar
El tribunal de alzada resolvió aumentar prudencialmente el dinero asignado tras acreditar la gravedad y extensión del daño sufrido por la víctima.
Corte de Apelaciones en Chile | Getty Images
En un fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago elevó a $80.000.000 el monto de la indemnización que el Estado de Chile deberá pagar por concepto de daño moral a Jorge Jiménez Matus, quien fue víctima de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
El afectado fue detenido el 1 de noviembre de 1974 y sometido a graves torturas en la Base Naval de Talcahuano. Tras pasar casi dos años privado de libertad y ser condenado por un Consejo de Guerra, en 1976 se le conmutó la pena por el extrañamiento, obligándolo a exiliarse en Perú. Jiménez Matus no pudo retornar al país sino hasta agosto de 1987.
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El tribunal de alzada confirmó la sentencia previa del Decimoctavo Juzgado Civil de Santiago, pero resolvió aumentar prudencialmente el dinero asignado tras acreditar la gravedad y extensión del daño sufrido por la víctima.
Según detalla el fallo, la suma inicialmente fijada era “insuficiente” al considerar el impacto a largo plazo en la vida del demandante: “en atención a la extensión de los males causados por las torturas sufridas, cuyos efectos psicológicos sigue padeciendo en la actualidad; la duración del período de privación de libertad (casi dos años); la frustración del proyecto de vida ya iniciado al momento de la detención, y el evidente dolor provocado por el exilio al cual debió partir...”, detalla la resolución.
Reajustes y pago de costas
Además del incremento en la indemnización principal, la Corte de Apelaciones revocó una parte de la sentencia de primera instancia dictada en enero de 2025, ordenando de manera unánime que el Fisco de Chile también asuma el pago de las costas del juicio.
La cifra final de $80 millones devengará los reajustes e intereses correspondientes desde el momento en que la sentencia quede ejecutoriada y la obligación quede firmemente establecida de manera judicial.
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