Un nuevo escenario se abrió en la investigación por fraude al fisco que involucra al senador independiente Miguel Ángel Calisto, luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenara reabrir la causa para realizar nuevas diligencias solicitadas por las defensas.

La resolución deja en duda la continuidad de la acusación presentada por el Ministerio Público y de la solicitud de desafuero que será revisada este viernes por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. En conversación con ADN Hoy, el abogado del parlamentario, César Ramos, aseguró que ambos procedimientos requieren que la investigación se encuentre cerrada.

“Es necesario y muy importante que tengamos presente que ambas decisiones del Ministerio Público, tanto la decisión de acusar como la de solicitar el desafuero de un parlamentario, suponen una premisa esencial e indiscutible: que la investigación se encuentre cerrada”, explicó.

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El jurista sostuvo que esta exigencia se encuentra establecida en el Código Procesal Penal y detalló que la reapertura fue decretada para realizar diligencias solicitadas por la defensa de Felipe Klein, otro de los involucrados en la causa.

Respecto de los antecedentes pedidos por la defensa de Calisto, el tribunal fijó una audiencia para el próximo 27 de julio, instancia en la que se discutirá si también deben ser incorporados a la investigación.

“¿Cuál es el efecto de esto? Que la Fiscalía debe realizar esas diligencias. Por lo tanto, la investigación hoy se encuentra abierta. Si la Fiscalía está investigando y debe hacerlo bajo el principio de objetividad, no puede entenderse que exista una acusación ni una solicitud de desafuero vigente”, afirmó Ramos.

Según el abogado, el tribunal ya dejó sin efecto la resolución que había tenido por presentada la acusación. Sin embargo, aún resta que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se pronuncie sobre la audiencia de desafuero prevista para este viernes.

“Lo que estamos esperando ahora es una resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que, debido a la reapertura, deje sin efecto la audiencia del viernes”, señaló.

Ramos aclaró que el Ministerio Público podría solicitar un desafuero mientras la investigación continúa abierta, pero únicamente para pedir medidas cautelares, como una eventual prisión preventiva, y no para avanzar hacia una acusación.

Defensa descarta intención de dilatar la investigación

Durante la entrevista, el abogado también respondió a los cuestionamientos del Ministerio Público, que acusó a las defensas de intentar retrasar el procedimiento mediante la solicitud de nuevas diligencias.

“La Fiscalía tenía plazo de investigación hasta el 9 de julio, es decir, todavía no se cumple el plazo que originalmente había fijado el tribunal. La Fiscalía obtuvo el 23 de junio las conocidas declaraciones del señor Cárcamo y de la señora Graf, y cerró la investigación sin entregárnoslas como defensa”, sostuvo.

De acuerdo con Ramos, estos testimonios contenían nuevas imputaciones contra el senador, pero fueron conocidos por su equipo cuando la investigación ya se encontraba cerrada, impidiéndoles solicitar diligencias destinadas a refutarlos.

“Lo que esta defensa está haciendo es simplemente asegurar que la Fiscalía investigue también los antecedentes que permiten refutar esas declaraciones”, indicó.

El abogado cuestionó especialmente el cambio de versión de los declarantes después de cinco años de investigación y afirmó que la reapertura es consecuencia de una decisión “intempestiva y apresurada” del Ministerio Público.

Las asesorías cuestionadas

La Fiscalía ha sostenido que Carla Graf no habría prestado los servicios por los que fue contratada como asesora del entonces diputado Miguel Ángel Calisto y que parte de su remuneración habría sido utilizada para beneficiar al parlamentario y financiar actividades políticas.

La defensa, en cambio, sostiene que existen antecedentes que acreditan que Graf formaba parte del equipo de asesores, recibía instrucciones y elaboraba minutas e informes para el parlamentario.

“¿Existen asesorías verbales? Sí, efectivamente. ¿Existen documentos que den cuenta de que ella respondió a los requerimientos que le hizo el parlamentario? Sí”, aseguró Ramos.

El abogado explicó que Graf prestaba una asesoría estratégica mediante reuniones, contacto permanente, revisión de las necesidades de la región y elaboración de documentos solicitados por Calisto.

“Podemos tener legítimas discrepancias sobre si eso es suficiente o insuficiente, si es mucho o poco, o si es de buena o mala calidad. Pero este caso trata sobre si la asesora prestó o no la asesoría contratada. En ese sentido, ella sí prestó la asesoría y recibió el pago correspondiente”, afirmó.

Finalmente, Ramos reconoció que Graf transfirió cerca de $20 millones al senador, pero aseguró que esos movimientos se encuentran justificados. Según explicó, aproximadamente $5 millones correspondieron al pago de las cuotas de un préstamo para adquirir una parcela en común.

“Esa parcela hoy es efectivamente propiedad del señor Calisto y de la señora Graf. ¿Cómo podría existir un desvío de dinero o una triangulación en beneficio del señor Calisto si ella adquirió el condominio de una parcela?”, concluyó.