Diputados buscan endurecer reglas para barberías: esta es la nueva exigencia que proponen
La iniciativa exige que los trabajadores acrediten antecedentes penales y, en el caso de extranjeros, su situación migratoria.
Agencia Uno
En medio de las alertas por el eventual uso de barberías y otros comercios como fachada para actividades ilícitas, los diputados Roberto Arroyo y Catalina del Real presentaron un proyecto que busca exigir antecedentes penales y regularidad migratoria a quienes atiendan público en estos establecimientos.
La propuesta modifica la Ley de Rentas Municipales y establece que los dueños de barberías, peluquerías y locales similares deberán acreditar la documentación de sus trabajadores para obtener o renovar la patente comercial.
En concreto, los titulares tendrán que mantener los certificados de antecedentes del personal y, en el caso de las personas extranjeras, sus permisos de residencia o autorizaciones para trabajar vigentes.
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La iniciativa surge luego de que la Cámara Nacional de Comercio advirtiera sobre el avance del crimen organizado en distintos rubros comerciales, entre ellos barberías, ópticas, centros de estética y otros negocios que podrían ser utilizados para encubrir economías ilícitas.
Al respecto, el diputado independiente Roberto Arroyo aseguró que la propuesta no apunta contra quienes desarrollan esta actividad de manera formal, sino que busca cerrar espacios que puedan ser aprovechados por grupos delictuales.
“Este proyecto no busca perseguir a quienes trabajan honestamente, sino cerrar espacios de informalidad que pueden ser aprovechados por la delincuencia. Las barberías y peluquerías que cumplen la ley no tienen nada que temer, pero el Estado sí tiene el deber de exigir antecedentes mínimos cuando se trata de locales abiertos al público”, señaló.
Por su parte, la diputada del Partido Republicano Catalina del Real afirmó que los municipios necesitan mayores atribuciones para fiscalizar los establecimientos que operan fuera de la normativa.
“Los municipios necesitan herramientas reales para fiscalizar y actuar cuando existen locales que funcionan al margen de la normativa. No podemos permitir que actividades comerciales legítimas sean utilizadas como fachada para incivilidades, irregularidades o situaciones que afecten la seguridad de los vecinos”, sostuvo.
El proyecto también obliga a los titulares de las patentes a mantener un registro actualizado de todas las personas que atiendan público, el cual deberá estar disponible durante las fiscalizaciones municipales.
Además, contempla la caducidad de la patente comercial cuando el establecimiento permita trabajar a personas que no cumplan con los requisitos o cuando no mantenga el registro exigido.
Según plantearon los parlamentarios, la iniciativa busca reforzar la fiscalización sobre estos negocios sin afectar a los trabajadores y emprendedores que funcionan de manera formal y cumplen con la legislación.