Histórico fallo: Suprema ordena millonaria indemnización para ex trabajadora agrícola torturada en 1973
La Corte Suprema criticó que el tribunal de alzada justificara la rebaja buscando una supuesta “similitud” con otros casos judiciales vigentes.
Histórico fallo: Suprema ordena millonaria indemnización para ex trabajadora agrícola torturada en 1973 / Sebastian Beltran Gaete
El fallo unánime, la Corte Suprema revocó una resolución previa de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Dicho tribunal de alzada había rebajado el monto resarcitorio destinado a la víctima directa bajo el argumento de que no existían apremios físicos extremos, y había rechazado por completo las demandas civiles del cónyuge e hijo de la afectada.
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El máximo tribunal basó su decisión en las faltas argumentativas de la resolución anterior, enfatizando que la obligación de explicar detalladamente las razones para aumentar, mantener o disminuir una indemnización forma parte del debido proceso consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por Chile.
“Esta necesidad de fundamentación se exige en cualquier sentido (...) pues dicha obligación dimana del llamado debido proceso”, plantea el escrito de la Sala Penal.
La Corte Suprema criticó que el tribunal de alzada justificara la rebaja buscando una supuesta “similitud” con otros casos judiciales vigentes, pero sin detallar con qué procesos se estaba realizando dicha comparación. Los ministros señalaron que establecer un estándar idéntico “parece muy difícil de lograr, dada la particularidad que cada caso tiene”, agrega el fallo.
Reparación extensiva a la familia
El dictamen también corrigió el criterio aplicado al cónyuge (José Luis del Carmen López Castro) y al hijo de la víctima (Pablo Remigio Tapia Tapia).
Mientras la Corte de Apelaciones había descartado indemnizarlos acusando una “falta de pruebas” para medir su daño moral, la Suprema determinó que los jueces de alzada nunca explicaron técnicamente qué requisitos o elementos del daño no se habían acreditado.
Al detectar este “vicio de insuficiencia argumentativa”, el máximo tribunal invalidó la sentencia previa y dictó una resolución de reemplazo.
De esta manera, además de fijar en $50 millones el monto para Ester Tapia Pérez, confirmó una indemnización de $5.000.000 para cada uno de sus familiares directos por concepto de repercusión del daño moral.
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