Fiscalía quedó sin pruebas tras muerte de testigo clave: archivan investigación contra ex fiscal jefe de Puerto Natales
La investigación por corrupción contra Cristián Muñoz llegó a un abrupto final por la repentina pérdida de una pieza probatoria fundamental para ir a juicio.
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó el sobreseimiento definitivo de la investigación seguida en contra del otrora fiscal jefe de Puerto Natales, Cristián Muñoz Pérez. La estrepitosa caída de la causa penal se debió a la repentina muerte de un testigo clave, lo que desmoronó la evidencia para llegar a un juicio oral.
Los presuntos delitos de corrupción habrían sido cometidos durante el año 2022, periodo en el que el imputado lideraba las operaciones penales en la ciudad magallánica. En el marco de este proceso, el abogado había sido formalizado y sometido a la medida cautelar de prisión preventiva a mediados de junio de 2024.
El desfonde de la prueba acusatoria
De acuerdo a una nota oficial emanada desde el Poder Judicial, la magistrada Mónica Mancilla Barría acogió la petición de cierre planteada por el propio Ministerio Público. El ente persecutor admitió en la audiencia que la defunción de su declarante principal los obligó a solicitar la exclusión de pruebas, dejando el libelo sin sustento material, informa el Poder Judicial.
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Según el expediente originado por la Fiscalía Regional de Aysén, el exjefe del organismo habría abusado de su cargo y recibido un vehículo como método de soborno. La acusación detallaba que este pago buscaba agilizar favores en tribunales para beneficiar a un tercero con el cobro de un pagaré y el valor de una retroexcavadora.
El polémico chat de WhatsApp y la Corte Suprema
Inicialmente, los antecedentes de la causa también imputaban al abogado el delito de revelación de secreto. Esto ocurrió luego de que enviara un mensaje advirtiendo a su arrendatario sobre la presencia de unidades antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), utilizando el acrónimo aeroportuario “PUQ” para referirse a la capital regional.
Sin embargo, según consta en los registros judiciales, un fallo previo de la Corte Suprema dictado en agosto de 2024 echó por tierra esa arista legal. El máximo tribunal determinó que la misiva digital no constituía una infracción penal, ya que el destinatario no era considerado un “blanco de interés” investigativo en aquel momento.
Cabe destacar que en medio de esta extensa trama judicial, el ex persecutor había presentado una querella de capítulos en contra del otrora fiscal de Aysén, Carlos Palma. En dicho escrito, el ahora sobreseído denunció supuestas “maniobras irregulares” y un ocultamiento sistemático de información justo antes de enfrentar su formalización original.
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