Los detalles del proyecto de ley que busca mitigar las alzas eléctricas y regularizar millonaria deuda
El Ejecutivo ingresó la iniciativa con discusión inmediata para frenar un impacto tarifario mediante un crédito y la extensión del subsidio para sectores vulnerables.

proyecto de ley que busca mitigar las alzas eléctricas
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A solo días de que se materialice un alza promedio nacional en las cuentas de electricidad, el Gobierno ingresó al Congreso con urgencia de discusión inmediata el proyecto de ley denominado “Ordenemos la Cuenta”. La iniciativa, presentada formalmente por el Ejecutivo ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, busca abordar la crisis tarifaria provocada por el congelamiento del componente de distribución (VAD) acumulado entre los años 2020 y 2024.
El corazón del proyecto apunta a regularizar un saldo que arrastra 43 meses de atraso y que asciende a aproximadamente $816.000 millones. Según explicó la ministra de Energía, Ximena Rincón, el objetivo medular es evitar que este multimillonario monto se traduzca en un nuevo golpe financiero inmediato para las familias chilenas, replicando el modelo de crédito ya utilizado en 2024 con las empresas generadoras.
¿Cómo se pagará la deuda? El impacto en el bolsillo
Para saldar el compromiso con las distribuidoras, el informe financiero de la iniciativa establece que el pago se costeará a través del Fondo de Estabilización de Tarifas (FET), mediante la creación de una nueva herramienta técnica (Componente NT del Cargo MPC). Esta modalidad no contará con garantía estatal ni implicará un mayor gasto fiscal.
- El cargo en la boleta: Se implementará un valor inicial de $5 por kWh en las cuentas eléctricas.
- Plazos: Este cobro comenzará a regir el 1 de enero de 2028 y se mantendrá vigente hasta que la deuda se extinga por completo, fijando como tope máximo el último día hábil del año 2035.
- Reajuste: El valor se actualizará de forma semestral de acuerdo a la variación del IPC, tomando como base julio de 2026.
La ministra Rincón aclaró que el cobro se posterga para cuando las tarifas generales tiendan a la baja producto del avance del pago de la deuda inicial con las generadoras. “A partir de 2028, cuando baje la cuenta (...), se incrementa un poquitito, con $5 por kilovatio hora, para pagar esto. Baja 22 y sube 5”, ejemplificó la secretaria de Estado.
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Los otros pilares: Subsidio, calidad de servicio y alivio regional
Más allá del esquema de pago de la deuda, el proyecto de ley “Ordenemos la Cuenta” se estructura sobre otros cuatro ejes fundamentales destinados a modernizar y proteger el sistema eléctrico regulado:
- Extensión del subsidio eléctrico: Se amplía la cobertura del beneficio hasta el año 2027 para los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable de la población. Esto se financiará mediante un aporte adicional de US$120 millones con cargo al FET, subsanando la falta de cobertura que originalmente quedaba descubierta para dicho período.
- Fiscalización y multas en transmisión: Se abre un mecanismo voluntario para que las firmas de transmisión transparenten discrepancias en sus inventarios ante la CNE. Los cobros percibidos en exceso se devolverán y las multas aplicadas por la SEC se destinarán directamente a nutrir el Fondo de Estabilización de Tarifas.
- Seguridad y calidad del suministro: El Ministerio de Energía sumará facultades para dictar medidas preventivas que eviten cortes de luz e inestabilidad (focalizado en zonas críticas como O’Higgins, Maule y Ñuble). Asimismo, se abre la puerta para que las distribuidoras presenten planes de inversión en infraestructura que mejoren el servicio, los cuales serán remunerados vía tarifa siempre que cumplan metas estrictas y eviten dobles pagos.
- Mitigación para Los Ríos y Los Lagos: Debido a la falta de inversión local y retrasos en líneas de transmisión, estas regiones del sur enfrentaban presiones al alza de hasta un 18%. La ley incluye un plan de mitigación específico para reducir dicho impacto tarifario a un 10%.
- Renegociación de contratos caros: Se crea una herramienta voluntaria para que las empresas y el sistema puedan revisar contratos vigentes de alto costo, permitiendo rebajar precios para los clientes regulados a cambio de una extensión en los plazos de vigencia.
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