Histórico veredicto por megafraude a Fonasa: 17 culpables por la mayor estafa en la historia de la salud chilena

El Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó un veredicto condenatorio unánime que declaró culpables a 17 personas involucradas en el denominado megafraude a Fonasa. La resolución pone fin a la tramitación judicial del mayor engaño económico en la historia del sistema de salud de Chile, el cual involucró la emisión de más de 80 mil licencias médicas falsas y provocó un perjuicio financiero que supera los $30 mil millones para el Fondo Nacional de Salud.

El grupo de condenados está integrado por 9 médicos extranjeros (calificados como grandes emisores), además de captadores, operadores y compradores. A todos ellos se les acreditaron, en distintas calidades de participación, los delitos consumados de emisión de licencias falsas, asociación ilícita, fraude de subvenciones y lavado de activos.

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Una red estructurada con empresas de papel

De acuerdo con los antecedentes recopilados y expuestos por el Ministerio Público durante el juicio, la organización criminal contaba con una compleja logística destinada a engañar al Estado. El abogado querellante, Rodrigo Varela, explicó que “había una organización estructurada que creó más de 50 empresas de papel para cometer estos ilícitos".

Esta maquinaria delictiva utilizaba a captadores encargados de vender los documentos a través de redes sociales y de reclutar a falsos pacientes para concretar las transacciones. Para sustentar el negocio, los médicos extranjeros condenados constituyeron diversos centros médicos ficticios que funcionaban como fachada exclusivamente para la generación masiva de los permisos fraudulentos.

Éxito de la fiscalía y un mensaje a los compradores

Las autoridades penales manifestaron su total conformidad con el desarrollo de la causa. La Fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, valoró positivamente el veredicto indicando estar satisfechos por el exhaustivo trabajo realizado. En tanto, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, calificó el resultado como un hecho inédito, debido a que la estrategia de imputar el delito de fraude de subvenciones logró ser completamente acreditada ante el tribunal.

Finalmente, el equipo querellante enfatizó que esta sentencia marca un precedente fundamental de cara al futuro y funciona como una severa advertencia pública. Esto, debido a que la ley vigente no hace distinción penal entre el profesional de la medicina que comercializa la licencia fraudulenta y el ciudadano común que la adquiere de forma irregular, por lo que ambos arriesgan drásticas sanciones judiciales.