Corte de Concepción acoge querella de capítulos contra exfiscal de Los Ángeles por corrupción
El tribunal de alzada aprobó de forma unánime levantar el fuero de Rodrigo Durán, imputado por asociación criminal, violación de secreto y negociación incompatible.
La Corte de Apelaciones de Concepción acogió por unanimidad la querella de capítulos interpuesta en contra del exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán. La resolución judicial del tribunal de alzada faculta al Ministerio Público para avanzar en la persecución penal del otrora persecutor, a quien se le atribuye autoría en los delitos de asociación criminal, violación de secreto y negociación incompatible en el marco de una red de corrupción que operaba en la administración de justicia de dicha comuna.
El dictamen fue pronunciado por los ministros integrantes de la Quinta Sala de la corte penquista, quienes establecieron que la presentación reúne la totalidad de los requisitos formales para proceder con la apertura de la causa. El fallo de la instancia judicial precisó de forma taxativa que “en este estadio procesal, basta con constatar la existencia de antecedentes que permitan inferir una participación probable del querellado en los hechos punibles, reservándose el debate exhaustivo sobre la culpabilidad y la prueba para el juicio oral correspondiente”.
La tramitación penal se ejecuta bajo la dirección de la Fiscalía Regional de Ñuble, contando con el soporte investigativo y operativo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de esa misma zona. El Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica del ente persecutor, Francisco Soto Donoso, relevó el dictamen señalando que “este es un trámite esencial para efectos de poder solicitar medidas cautelares personales respecto del fiscal, quien se encuentra investigado por diversos delitos de corrupción vinculados a un estudio jurídico de la ciudad de Los Ángeles”.
Estructura de la red y formalizados en la causa
Las pesquisas del Ministerio Público apuntan a que el exfiscal Durán integraba una estructura delictiva concertada junto a su cónyuge, la abogada Andrea Romero Jara, además de la socia de esta, Susana Cortés Karmy, y el cónyuge de esta última, el exdefensor penal de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado. La indagatoria penal mantiene actualmente a siete personas formalizadas por diversas responsabilidades en los ilícitos bajo investigación.
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En el desglose de los imputados civiles e institucionales figuran el funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes; la secretaria del bufete de abogadas, Paola Jara González; y la procuradora de la misma oficina jurídica, Claudia Castillo Urrutia. A la nómina se suma un cliente del citado estudio legal, identificado como Moisés Bastardo Bastardo, quien se encuentra recluido cumpliendo condena efectiva por infracciones a las leyes de Drogas y Armas. Dentro del grupo de imputados, únicamente las abogadas Romero y Cortés permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que los demás implicados cumplen regímenes cautelares de menor intensidad.
Tras el desafuero del exfiscal Rodrigo Durán, las proyecciones del Ministerio Público apuntan a replicar la estrategia jurídica para descabezar los nexos institucionales de la red. La fiscalía espera que esta resolución actúe como un precedente para viabilizar la tramitación de una querella de capítulos en contra de la jueza del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera, quien también figura en calidad de imputada por asociación criminal. En una arista anexa, el Tribunal Constitucional declaró la inadmisibilidad de un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que había sido deducido previamente por la defensa de la magistrada.
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