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Greenpeace recurre al Comité de Ministros para impugnar aprobación ambiental del Puerto Exterior de San Antonio

La organización acusa que la autoridad no consideró debidamente las observaciones ciudadanas. Advierten que la iniciativa pone en riesgo a todo el cauce del río Maipo y a comunidades de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Greenpeace recurre al Comité de Ministros para impugnar aprobación ambiental del Puerto Exterior de San Antonio

La organización ambientalista Greenpeace presentó una reclamación formal ante el Comité de Ministros con el objetivo de impugnar la aprobación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio. La resolución cuestionada fue otorgada el pasado 9 de junio por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Valparaíso.

En su requerimiento, la entidad argumenta que la autoridad no respondió ni tomó en consideración de manera adecuada diversas observaciones ciudadanas surgidas durante el proceso de evaluación. Por lo anterior, solicitan que la decisión sea revisada por la máxima instancia político-administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), acusando que el proyecto representa riesgos relevantes para las comunidades de las regiones de Valparaíso y Metropolitana, así como para el ecosistema de la cuenca del río Maipo.

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La acción de la ONG se da a conocer luego de que el propio titular del proyecto, la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), acudiera al mismo Comité de Ministros para cuestionar parte de las exigencias ambientales impuestas. Para la abogada de Greenpeace, Roxana Núñez, esta maniobra de la empresa evidencia quién ha dilatado el proceso, recordando que en 2020 ingresaron un Estudio de Impacto Ambiental que debió ser corregido en múltiples ocasiones. “Eso demuestra que aquí no estamos frente a un proyecto que haya sido retrasado por la participación ciudadana, sino frente a una iniciativa que debió ser mejorada de manera sustantiva”, subrayó la profesional.

Impacto sistémico: desde los glaciares al Pacífico

Las aprensiones de Greenpeace encuentran eco en diversas agrupaciones de la sociedad civil, las cuales advierten que evaluar el megaproyecto de forma aislada ignora la interdependencia ecológica del territorio. En concreto, las comunidades señalan que la construcción de un molo portuario de 4 kilómetros alterará el transporte natural de sedimentos y modificará el estuario, lo que incrementará el riesgo de inundaciones frente a eventos climáticos extremos.

Constanza Espinoza, representante de Fundación Glaciares Chilenos, enfatizó en la necesidad de garantizar el ciclo hidrológico desde la alta montaña. “Si el río Maipo no logra llegar al océano debido a la intervención severa de su estuario y la retención de sus sedimentos, el ciclo ecológico completo de la cuenca se fractura”, explicó. En la misma línea, desde ONG Ecosistemas tildaron al río como la “arteria vital” de la zona central, advirtiendo que el embancamiento de la desembocadura condenaría al colapso a un cauce que ya se encuentra al límite.

Frente a este escenario, Greenpeace reconoció la necesidad nacional de impulsar el empleo y fortalecer la infraestructura logística, pero cuestionó la idoneidad de este diseño en particular. Abriendo un debate sobre el modelo de desarrollo portuario del país, Roxana Núñez concluyó interpelando la viabilidad de la obra: “¿Vale la pena perseverar con proyectos que amenazan ecosistemas, comprometen la biodiversidad y ponen en riesgo a las comunidades? Creemos que no”.

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