Contraloría detecta más de 146 mil permisos de circulación otorgados de forma irregular en Chile

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 322 municipalidades del país otorgaron de manera irregular un total de 146.469 permisos de circulación entre 2022 y 2025 a vehículos que mantenían multas de tránsito impagas, incumpliendo la normativa vigente.

Los antecedentes fueron revelados en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°23, informe que analizó los permisos otorgados por las 345 municipalidades del país y cruzó la información con el Registro de Multas de Tránsito no Pagadas y el Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago.

Según la legislación vigente, los vehículos con multas registradas e impagas no pueden renovar su permiso de circulación sin regularizar previamente dicha situación. Sin embargo, la CGR constató que el 93% de los municipios incumplió esta exigencia.

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Entre las comunas con más renovaciones irregulares figuran Santiago, con 7.356 casos; Estación Central, con 6.924; Providencia, con 5.727; Maipú, con 5.124; y Ñuñoa, con 3.920 permisos otorgados pese a existir infracciones pendientes.

El informe también identificó casos especialmente llamativos. En Quilicura, un vehículo obtuvo su renovación pese a acumular 240 multas vigentes, mientras que en Santiago se detectó un automóvil con 149 infracciones al momento del trámite. Situaciones similares se registraron en Estación Central (127 multas), Las Condes (124) y Concepción (109).

Además, la Contraloría advirtió posibles conflictos de interés al detectar 1.172 renovaciones otorgadas a funcionarios municipales que mantenían multas impagas y otros 7.378 casos correspondientes a familiares de trabajadores de los mismos municipios.

Por otra parte, el organismo identificó 497 permisos de circulación entregados irregularmente a personas inscritas como infractoras del Transantiago, pese a que la ley impide realizar dicho trámite. Santiago encabezó este listado con 57 casos, seguido por Maipú (49), Renca (31), La Florida (22) y La Pintana (22).

Ante los hallazgos, la Contraloría instruyó a los municipios involucrados iniciar sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades. Asimismo, remitió los antecedentes al Ministerio Público en aquellos casos donde podrían existir indicios de delitos.