Reducción al seguro de cesantía y fin al límite de 20 trabajadoras: las claves del proyecto de sala cuna universal
La indicación sustitutiva busca ampliar el beneficio a madres, padres, cuidadores, independientes y trabajadoras de casa particular, con implementación gradual.
Agencia Uno
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó una indicación sustitutiva al proyecto de sala cuna universal, con el objetivo de destrabar su tramitación en el Congreso y ampliar el acceso al beneficio para familias trabajadoras.
La propuesta busca modificar la actual norma, que obliga a entregar sala cuna solo a empresas con 20 o más trabajadoras.
Según el Ejecutivo, ese diseño ha funcionado como una barrera para la contratación femenina, por lo que la nueva fórmula apunta a eliminar ese límite y avanzar hacia un sistema de cobertura más amplio.
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Uno de los puntos centrales es que, si se aprueba el proyecto, el acceso a sala cuna ya no dependerá del tamaño de la empresa ni del número de mujeres contratadas. El Gobierno plantea que desde la primera contratación deberá garantizarse el beneficio, terminando con uno de los principales obstáculos que, según el Ejecutivo, afecta al empleo femenino.
La indicación también amplía la cobertura a madres, padres y personas que tengan el cuidado personal de un niño o niña. Además, incluye a trabajadores independientes que coticen y a trabajadoras de casa particular, grupo que actualmente no está contemplado en la normativa.
El financiamiento se realizaría mediante un nuevo Fondo de Sala Cuna. Para trabajadores dependientes, este fondo se sostendría con una cotización de cargo del empleador de 0,35%. En el caso de independientes, el pago operaría de forma similar a otros seguros sociales.
Para evitar un aumento en los costos laborales, el Ejecutivo propone compensar esa cotización con una reducción equivalente en la tasa que pagan los empleadores al seguro de cesantía. Según el diseño presentado, el sistema funcionaría “sin alza en los costos laborales de los empleadores” y “sin un nuevo impuesto al trabajo”.
La implementación sería gradual. En el primer año se incorporaría a hijos de mujeres trabajadoras dependientes y de personas con cuidado personal acreditado. Luego se sumarían independientes, trabajadoras de casa particular, padres trabajadores y, en etapas posteriores, algunos grupos del sector público.
La iniciativa también contempla un aporte fiscal inicial de 11.631 UTM, cerca de $10 mil millones, durante los dos primeros años posteriores a la publicación de la ley. Si los recursos del fondo resultan insuficientes, la diferencia quedaría a cargo del Estado.
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