Los detalles que complican a seis carabineros formalizados en Talca: robaron pensión de adulta mayor y ahorros de niño
La Fiscalía acusó a seis funcionarios de Carabineros de integrar una organización dedicada a realizar falsos allanamientos para sustraer dinero y bienes.
Agencia Uno
Un impactante caso de corrupción policial quedó al descubierto en la Región del Maule luego de que seis funcionarios de Carabineros, incluido un teniente, fueran formalizados por una serie de delitos vinculados a una presunta asociación criminal que operaba bajo la apariencia de procedimientos policiales legítimos.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los imputados están acusados de asociación criminal, robos con intimidación, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, detenciones ilegales y tráfico de drogas. Sin embargo, uno de los antecedentes que más conmoción generó durante la audiencia fue la situación de algunas de las víctimas afectadas por los procedimientos irregulares.
Según expuso la Fiscalía, el grupo simulaba operativos relacionados con la venta de cigarrillos de contrabando para ingresar a domicilios y locales comerciales. Una vez dentro, realizaban allanamientos sin autorización judicial, intimidaban a las personas presentes y posteriormente confeccionaban documentación falsa para justificar las actuaciones.
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El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, entregó detalles que marcaron la jornada de formalización. En conversación con Meganoticias, afirmó que “hay personas mayores de edad, menores de edad. En las incautaciones que hicieron irregularmente estaba la pensión de una persona mayor de más de 80 años y los ahorros de un niño de seis años”.
La autoridad calificó los hechos como delitos de “una baja moralidad impresionante”, considerando la vulnerabilidad de las víctimas afectadas por las acciones del grupo investigado.
La indagatoria se desarrolló bajo estricta reserva y tuvo su origen en antecedentes detectados por el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, organismo que trabajó coordinadamente con la Fiscalía para reunir pruebas y establecer la eventual responsabilidad de los funcionarios.
Según la tesis del Ministerio Público, la organización mantenía una estructura jerárquica similar a la institucional. Un teniente habría liderado las operaciones, asignando funciones y coordinando tanto los falsos procedimientos como la elaboración de informes adulterados que posteriormente eran remitidos a tribunales y fiscales.
La formalización se extendió durante cerca de siete horas y contempló una decena de hechos delictivos ocurridos desde septiembre del año pasado. Mientras continúa la investigación, la Fiscalía solicitó medidas cautelares para los imputados, en un caso que ha generado amplio impacto por la gravedad de las acusaciones y el perfil de las víctimas.
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