CGR pide restituir más de $300 millones: INE contrató censistas con antecedentes penales y otros con expulsión administrativa pendiente
Un total de 267 prestadores de servicios ejercieron funciones paralelas en el aparato estatal entre marzo y junio de ese año sin presentar las declaraciones obligatorias.
15 DE FEBRERO DE 2024 / SANTIAGO El presidente de la Comisión Nacional del Censo, ministro Nicolás Grau Veloso; el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ricardo Vicuña Poblete y la jefa del proyecto Censo, Macarena Alvarado Moscoso, desde el edificio del Instituto Nacional de Estadísticas, presentan la fecha de inicio del operativo en terreno del Censo de Población y Vivienda 2024 FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO / Diego Martin
La Contraloría General de la República (CGR) expuso múltiples anomalías en los contratos ejecutados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el Censo de Población y Vivienda 2024. El órgano fiscalizador inició acciones para obtener la restitución de $315.645.819 y remitió los antecedentes al Ministerio Público para la apertura de las respectivas indagatorias penales.
La auditoría acreditó la contratación de 16 personas con antecedentes penales vigentes por delitos de estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de estupefacientes. En seis de estos casos, la firma externa a cargo del reclutamiento no cotejó los documentos ante el Registro Civil, mientras que en las otras diez incorporaciones el INE no constató la solicitud de los certificados correspondientes. A esto se sumó la inclusión de 14 ciudadanos extranjeros no habilitados laboralmente, incluyendo cinco con residencias revocadas y uno con orden de expulsión vigente, además de 130 coordinadores y gestores cuyos títulos educativos no fueron validados.
Debido a las deficiencias en las fiscalizaciones de los contratos de reclutamiento, el Fisco dejó de percibir $131.972.500 en multas no aplicadas a las consultoras privadas. Asimismo, el informe detectó un conflicto de interés luego de que una exasesora de la entidad pública ejerciera como evaluadora experta en una licitación donde participaba la empresa de la cual era representante legal.
Anomalías en desembolsos y duplicidad de funciones
En el área financiera, el INE no logró comprobar la ejecución de las funciones de 515 censistas, quienes percibieron remuneraciones por un total de $166.356.508. En paralelo, se identificó a 267 trabajadores que mantenían contratos vigentes simultáneos con otros organismos del Estado entre marzo y junio de 2024. Estos funcionarios omitieron dicha condición en sus declaraciones juradas, situación que originó el envío de sus antecedentes a la Fiscalía.
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La CGR también cuestionó la gestión de infraestructura y logística. El servicio estadístico firmó 77 contratos de arrendamiento de inmuebles sin fundamentos técnicos. Cinco de estas dependencias se mantuvieron contratadas por un lapso de 12 meses, pese a que las labores de terreno se extendieron por cinco meses, generando un gasto improcedente de $49.430.231. Adicionalmente, el 1 de mayo de 2024 se visó el pago de $134.243.088 por concepto de traslados de personal en una jornada donde no se realizaron actividades censales.
Finalmente, el documento detalló la falta de planificación en el almacenamiento de 4.588 computadores y 37.529 teléfonos inteligentes comprados para el proyecto. Los equipos permanecieron cinco meses en depósitos rentados y, al 7 de noviembre de 2025, 484 computadores y 29.226 celulares continuaban retenidos en dependencias de la Subsecretaría de Bienes Nacionales. Ante estos hechos, la Contraloría instruyó la apertura de un sumario administrativo en el INE y otorgó 60 días hábiles a Bienes Nacionales para coordinar el destino final de los aparatos tecnológicos.
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