Freno a los embargos del CAE: El salvavidas económico que el PDG le exige al Gobierno
Los parlamentarios respaldan las renegociaciones de la Tesorería General de la República, pero exigen fijar un pie máximo del 5% para los convenios de pago.
Tesorería General de la República | Agencia Uno
La bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) realizó este martes un enérgico emplazamiento al Gobierno, solicitando una flexibilización urgente en las condiciones para que los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) puedan acceder a convenios de renegociación.
Si bien desde el partido respaldan las gestiones de cobranza iniciadas por la Tesorería General de la República (TGR), advierten que existen “barreras realistas” que impiden a las personas ponerse al día. Por esta razón, ingresaron una propuesta formal para que el pie inicial exigido para concretar cualquier convenio de pago sea de un máximo del 5% del total adeudado.
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La diputada Eileen Urqueta fue enfática en aclarar la postura de la bancada frente al conflicto: “Como bancada del PDG estamos convencidos de que las deudas se tienen que pagar. Nadie está planteando lo contrario, pero también creemos que el Estado debe generar mecanismos realistas para que las personas puedan cumplir de acuerdo con sus ingresos y con la realidad económica que viven”.
Desde el grupo parlamentario explicaron que la morosidad del CAE esconde múltiples realidades complejas. Entre ellas, mencionaron a jóvenes que debieron abandonar sus carreras en los primeros años, estudiantes que no lograron terminar sus mallas curriculares y profesionales titulados que se encuentran desempleados o que no han podido ejercer, lo que les imposibilita pagar altas sumas de dinero de manera inmediata.
“Lo que le proponemos al gobierno es que el pago del pie no supere el 5% de la deuda total. Si queremos que las personas se pongan al día, debemos entregarles herramientas reales para hacerlo”, complementó la diputada Tamara Ramírez.
Alerta por embargos de sueldos y cuentas bancarias
Uno de los puntos más críticos denunciados por la bancada fue la ola de embargos bancarios registrados en los últimos días. Según acusaron los legisladores, diversos deudores han visto cómo se vaciaron sus cuentas corrientes y de ahorro, llegando a descontarse fondos de sus remuneraciones, un acto que (acusaron) contraviene de manera directa el artículo 57 del Código del Trabajo, el cual declara los sueldos como inembargables.
Frente a este escenario, donde los afectados hoy se ven obligados a iniciar largos y costosos procesos judiciales para demostrar el origen de su dinero, el PDG propuso crear un procedimiento simplificado y administrativo a través de la TGR.
La idea es que, mediante la presentación de cartolas bancarias o liquidaciones de sueldo, se pueda destrabar el dinero de forma rápida, evitando la burocracia judicial.
“Hoy el Estado se ha convertido en una empresa de cobranza y eso ha significado un golpe para muchas familias chilenas que ya vienen arrastrando dificultades económicas”, fustigó la diputada Ramírez.
Finalmente, los parlamentarios del PDG llamaron al Ejecutivo a incorporar estos criterios de flexibilidad en la discusión legislativa del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, asegurando que el foco debe estar en recuperar fondos públicos sin destruir la estabilidad económica de los hogares.
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