Consejo Fiscal Autónomo entrega evaluación de solicitud para asumir mayor endeudamiento fiscal

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) remarcó este martes 9 de junio de 2026 que el proyecto de ley que autoriza un mayor endeudamiento para el Gobierno Central responde principalmente al severo deterioro del déficit fiscal respecto de lo que originalmente se había proyectado en la Ley de Presupuestos.

La presentación técnica estuvo encabezada por la presidenta del organismo, Paula Benavides, el vicepresidente, Sebastián Izquierdo, y el gerente de Estudios, Mario Arend, quienes concurrieron tras ser citados a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la instancia, el comité de expertos analizó de manera detallada los fundamentos de la iniciativa legal y las implicancias que tendrá una mayor emisión de bonos y obligaciones sobre la sostenibilidad financiera del país en el corto y mediano plazo.

Los US$ 6.200 millones extra y las razones del deterioro

En lo específico, el proyecto en tramitación solicita al Congreso facultar al Presidente de la República para contraer obligaciones adicionales por un monto de hasta US$ 6.200 millones durante el presente ejercicio de 2026. Según detalló Benavides, este pozo se suma a las autorizaciones ya visadas en el artículo 3º de la Ley de Presupuestos vigente, que contempla un techo de hasta US$ 17.400 millones en su primer inciso y US$ 600 millones adicionales en el segundo.

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De acuerdo con el CFA, el requerimiento de estos US$ 6.200 millones extras se descompone en tres factores de necesidad: un mayor déficit efectivo proyectado, el efecto adverso derivado del tipo de cambio (por la apreciación del peso chilenos) y la urgencia de atender obligaciones fiscales pendientes junto con manejar la posición de liquidez de la caja estatal.

“El mayor endeudamiento solicitado responde principalmente al deterioro del déficit fiscal respecto al proyectado (...), asociado, por una parte, a una corrección a la proyección de recaudación —producto de una menor recaudación efectiva en 2025 y un recorte prudencial del rendimiento esperado de la Ley de Cumplimiento Tributario—, y, por otra, a una corrección al alza en las proyecciones de gasto”, aclaró formalmente la institución técnica en su informe escrito.

Asimismo, los consejeros recordaron a los diputados que gran parte de estas presiones presupuestarias no corresponden a imprevistos de última hora, sino que fueron advertidas oportunamente por el propio CFA en los trámites previos; entre ellas, la no inclusión del inflactor en el Subtítulo 21 de la Ley de Presupuestos 2026 y el hecho de que los fondos para el reajuste del sector público no contaban con un financiamiento plenamente identificado.

Al filo del nivel prudente de la deuda y el llamado al ajuste

El Consejo alertó que si bien el Informe de Finanzas Públicas (IFP) más reciente proyecta que la deuda bruta se situaría en un 43,1% del PIB, la materialización de este nuevo endeudamiento inyectará US$ 1.500 millones adicionales en emisiones efectivas para este año, lo que empujará la deuda bruta real de 2026 hasta un 43,4% del PIB. En caso de registrarse un menor crecimiento económico, la cifra escalaría peligrosamente a un 43,6% del PIB. Dicho escenario reduce drásticamente el margen de maniobra de Chile frente al nivel prudente fijado por la regla fiscal dual, que establece un techo del 45% del PIB.

Paula Benavides fue categórica ante los parlamentarios al manifestar que “operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo no es inocuo: una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses, componente que ya registra presiones crecientes”. Además, la economista advirtió que sobrepasar estos límites puede terminar presionando al alza las tasas de interés domésticas, encareciendo los créditos de consumo e hipotecarios para los hogares y las pymes, mermando la actividad económica general y dejando al Estado sin herramientas de reacción ante eventuales crisis internacionales.