ADN Hoy. Gobierno defiende Registro Nacional de Vándalos y descarta inconstitucionalidad: así funcionará

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió en ADN Hoy el anunciado Registro Nacional de Vándalos, una de las medidas de seguridad presentadas por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública.

Según explicó, el objetivo es sancionar conductas que afectan la convivencia en barrios, plazas, transporte público y espacios comunitarios.

“Nosotros tenemos que hacernos cargo no solamente del crimen organizado, nacional y transnacional, de los delitos comunes, sino también de aquellas conductas que, lamentablemente, muchas veces hemos normalizado y que atentan contra la vida en comunidad”, sostuvo Pavez.

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Qué sanciones contempla el Registro Nacional de Vándalos

El subsecretario explicó que la propuesta apunta a delitos de baja penalidad e incivilidades, como destruir patrimonio, rayar infraestructura pública, dañar paraderos, multicanchas o equipamiento comunitario. “La destrucción del patrimonio público y privado es parte del paisaje y eso no puede ser así”, afirmó.

Según Pavez, quienes ingresen al registro podrían perder o ver restringido el acceso a beneficios sociales durante un período determinado. “Por 5 años usted no va a poder acceder a la PGU o la va a perder mientras esté en el registro, y así con otros beneficios sociales como subsidios de arriendo, becas y la gratuidad”, detalló.

La autoridad también mencionó sanciones similares a las aplicadas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. “No van a poder retomar licencia de conducir, no van a poder inscribir un vehículo a su nombre”, indicó.

Frente a críticas de la oposición, que han planteado eventuales dudas de constitucionalidad o una doble sanción, Pavez descartó ese argumento. “Esto es una pena accesoria y es una consecuencia, o sea, en mi opinión, de ninguna manera es inconstitucional”, señaló.

Además, rechazó que la iniciativa golpee solo a personas vulnerables. “Acá no hay una discriminación, sino que cualquier persona que se exponga a la destrucción, al rayado, al maltrato de obra a carabinero, va a ser sancionada, venga de donde venga”, aseguró.

El subsecretario insistió en que el proyecto busca proteger principalmente a sectores medios y populares, donde, a su juicio, más se resienten los daños al espacio público.