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VIDEO. “Plan Inspección Total”: Gobierno asegura haber encontrado irregularidades por cerca del 1% del PIB en servicios públicos entre 2022 y 2026

Entre los organismos bajo revisión aparecen la Junaeb, el Ministerio de la Mujer, PRODEMU y el Ministerio de Transportes.

Agencia Uno

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El Gobierno dio a conocer los primeros resultados del “Plan Inspección Total”, una auditoría instruida por el Presidente José Antonio Kast que revisó antecedentes financieros y administrativos correspondientes al período 2022-marzo de 2026.

Según el informe, la revisión analizó más de 913 millones de registros relacionados con compras públicas, contratos, programas estatales y transferencias. Producto de este proceso, se detectaron alertas vinculadas a recursos públicos por US$9.200 millones.

Uno de los principales hallazgos corresponde a la postergación de pagos desde 2025 hacia 2026 por aproximadamente US$3.200 millones, cifra equivalente a cerca del 1% del PIB.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta situación habría afectado pagos a proveedores del Estado, programas sociales, servicios de salud y cerca de 10 mil pymes.

El comité también detectó más de US$3.000 millones en compras realizadas mediante trato directo o compra ágil en casos donde, según indicaron, podrían haberse utilizado procesos competitivos de licitación pública.

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Además, la auditoría identificó patrones considerados preocupantes, como rendiciones insuficientes de recursos, incumplimientos contractuales, concursos públicos desiertos y problemas en la recuperación de subsidios por licencias médicas.

Entre los organismos bajo revisión aparecen Junaeb, el Ministerio de la Mujer, PRODEMU, el Ministerio de Transportes y servicios relacionados con el Ministerio de Ciencia, debido a posibles irregularidades detectadas en programas, convenios y transferencias de recursos.

Finalmente, las autoridades recalcaron que las alertas detectadas no implican necesariamente delitos, aunque advirtieron que, en los casos donde existan antecedentes suficientes, la información será derivada a la Contraloría General de la República (CGR).

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