El arte del maquillaje contable: cárcel para dos ejecutivos que saquearon una minera chileno-japonesa desde adentro
Francisco Sánchez Barrera pasará cuatro años en prisión efectiva por liderar una estafa de más de 218 millones de pesos, utilizando los fondos de la empresa para pagar desde los muros de su casa hasta su servidumbre privada.
Se suponía que debían proteger los intereses económicos de la empresa chileno-japonesa Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan. Para ello, el sistema exigía una “doble firma”: nadie podía sacar un peso sin que dos altos jefes lo autorizaran. Sin embargo, en lugar de ser un escudo, ese poder se convirtió en la llave maestra para un desfalco de $218.603.362.
Este viernes 15 de mayo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó cerró el caso dictando sentencia contra los arquitectos de este fraude, perpetrado entre 2013 y 2018.
A la cabeza de la operación estaba Francisco Enrique Sánchez Barrera, subgerente general, quien fue condenado como autor del delito de estafa consumada (es decir, que el engaño para obtener dinero se logró con éxito). El tribunal fue implacable con él: le impuso 4 años de presidio de cumplimiento efectivo. Esto significa que no hay beneficios que valgan; deberá cumplir cada día de su condena dentro de una cárcel real.
Revisa también:
Su brazo derecho en la operación, Rodrigo Andrés Albornoz Encalada, entonces gerente de Administración y Finanzas, fue condenado como cómplice (aquel que facilita o ayuda a cometer el delito, pero no es el actor principal). Su pena fue de 2 años, pero el tribunal le concedió la remisión condicional. En un lenguaje más simple: no irá a prisión, sino que su pena se sustituye por firmar y estar sujeto al control de Gendarmería en libertad durante dos años, siempre que cumpla con ciertas reglas de buena conducta. Ambos, además, deberán pagar multas y quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos.
La arquitectura del engaño: Cuatro mecanismos
El fallo unánime, redactado por el juez Juan Pablo Palacios, detalló paso a paso cómo Sánchez instrumentalizó su poder y cómo Albornoz le pavimentó el camino, firmando documentos que sabían que eran mentira (“soportes ideológicamente falsos”). El tribunal dio por probados cuatro trucos distintos:
- Extorsión publicitaria: Sánchez, usando su poder, obligó a algunos contratistas mineros a contratar los servicios de una empresa de comunicaciones (Atacama Viva) de la cual él mismo era socio. Si no pagaban esa publicidad inútil, perdían sus contratos mineros. Albornoz autorizaba los pagos, desviando así casi 11 millones de pesos.
- La mansión pagada por la mina: En 2018, Sánchez instruyó a una empresa proveedora que cobrara a la minera los arreglos de su propia casa en el sector Chamonate. Así, la compañía minera terminó pagando cierres perimetrales, portones, muros y jardineras del jefe. Albornoz ayudó camuflando esto como “servicios adicionales”.
- Transporte privado VIP: Usando la logística de un proveedor de la empresa, Sánchez ordenó el traslado privado de su familia a distintas regiones de Chile e hizo compras para su casa. Nuevamente, Albornoz autorizó liberar más de 9 millones de pesos disfrazándolos como servicios “de faena minera”.
- Servidumbre personal: Sánchez contrató personas para que trabajaran como sus sirvientes y estafetas personales, pero le pasó la cuenta a la minera escondiendo a estos trabajadores dentro de un contrato de “aseo y mantenciones menores” de la faena, desfalcando más de 18 millones de pesos adicionales.
El maquillaje contable
Para que los dueños en Japón no se dieran cuenta del agujero financiero, la dupla aplicó un último truco: el ocultamiento contable.
Bajo las órdenes de Sánchez, Albornoz instruyó al departamento de contabilidad que escondiera todos estos gastos personales trasladándolos a la cuenta de “Obras en Construcción”. Es decir, hacían pasar el dinero gastado en las comodidades del subgerente como si fuera dinero invertido en activos reales de la mina, proyectando “utilidades ficticias” (ganancias que no existían) para que el fraude pudiera continuar en el tiempo.
El final inesperado: Sin indemnización
A pesar de la contundencia de las pruebas penales y la condena de cárcel, la empresa Atacama Kozan sufrió un revés en el ámbito civil.
La compañía presentó una demanda indemnizatoria (una acción legal paralela para que los condenados devolvieran los 218 millones de pesos). Sin embargo, el tribunal tuvo que desestimarla y rechazarla. ¿El motivo? La prescripción.
Según el artículo 2.332 del Código Civil, existe un plazo máximo de cuatro años para exigir este tipo de reparaciones económicas. La empresa dejó pasar el tiempo y accionó cuando el plazo ya se había superado “con creces”, perdiendo para siempre el derecho legal de recuperar el dinero en este juicio.