¿Isapres pueden terminar contratos por fraude en licencias? Tribunal Constitucional revisa caso clave
Un requerimiento cuestiona la norma que permite a las Isapres poner fin a contratos de salud por presunto mal uso de beneficios.
¿Isapres pueden terminar contratos por fraude en licencias? Tribunal Constitucional revisa caso clave / Agencia Uno
El Tribunal Constitucional deberá analizar un caso que abrió un nuevo debate sobre el sistema privado de salud en Chile: si las Isapres pueden terminar unilateralmente el contrato de un afiliado ante un presunto fraude en licencias médicas, sin que exista previamente una sentencia judicial.
El requerimiento de inaplicabilidad apunta al artículo 201 N°3 del DFL N°1 del Ministerio de Salud. Dicha norma permite a las aseguradoras privadas poner fin al vínculo contractual por supuesto “uso indebido de beneficios”, incluyendo situaciones asociadas a licencias médicas.
El debate por las licencias médicas, las Isapres y el debido proceso
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El caso enfrenta dos dimensiones sensibles para miles de afiliados. Por un lado, está la necesidad de proteger los recursos del sistema frente a eventuales abusos. Por otro, aparece el derecho a la seguridad social y al debido proceso, especialmente cuando la medida puede dejar a una persona fuera de su contrato de salud.
A diferencia de las Isapres, Fonasa no cuenta con una facultad equivalente para desvincular unilateralmente a un afiliado. Al tratarse de un sistema público de afiliación obligatoria, puede iniciar acciones administrativas, recuperar fondos o aplicar sanciones, pero el vínculo opera bajo reglas distintas.
El fundador y CEO de QuePlan, Matías Stäger, sostuvo que el caso abre una discusión relevante para el país. Según explicó, “este requerimiento abre un debate importante y necesario para el sistema de salud chileno”.
En esa línea, el ejecutivo planteó que la norma busca resguardar la integridad de los recursos, pero también genera interrogantes constitucionales. “Es un tema complejo que merece ser analizado con seriedad, considerando tanto la sostenibilidad financiera de las Isapres como los derechos de los afiliados”, afirmó.
Stäger también apuntó al aumento de la fiscalización durante los últimos años en torno a las licencias médicas. A su juicio, ese escenario exige procesos más transparentes y reglas claras para usuarios e instituciones.
El caso ha generado posturas divididas. Algunos defienden que las Isapres cuenten con herramientas rápidas para enfrentar posibles fraudes. Otros advierten que terminar un contrato de salud resulta una medida grave, por lo que debería requerir intervención previa de un juez.