El “Estado Capturado”: la demoledora tesis de fiscalía que dejó a Joaquín Lavín León en prisión preventiva
Fiscalía expuso un ciclo de impunidad y clientelismo donde el exlegislador habría convertido la función pública en una herramienta de beneficio privado para su entorno.
Agencia Uno
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, tras acoger la tesis de la fiscalía sobre un fenómeno de “Estado Capturado”. En una audiencia de formalización que se extendió por cinco días, el magistrado Daniel Urrutia fundamentó la medida cautelar basándose en la gravedad de los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento mercantil cometidos entre 2015 y 2026.
La resolución judicial describe que Lavín León operó como un “agente de captura”, transformando su rol de representante popular en un facilitador para una red de ilicitud. Según la fiscalía, este esquema no se trata de actos aislados, sino de una corrupción sistémica donde la función pública es secuestrada por intereses particulares, transformando la burocracia estatal en el blindaje de una organización criminal.
Los cinco procesos del poder desviado
El tribunal relevó la gravedad de los hechos citando el ciclo de los “cinco procesos” que sostienen este tipo de redes: clientelismo, negación, simulación, corrupción e impunidad. Bajo esta lógica, el Ministerio Público acreditó que la impunidad fue el elemento clave que permitió el funcionamiento del sistema, donde el legislador no solo sustrajo fondos, sino que “colonizó” el aparato estatal con funcionarios leales a su esquema delictivo.
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En la práctica, esta captura se tradujo en el desvío de fondos del Congreso Nacional para fines personales. La fiscalía detalló que Lavín León presentó rendiciones de gastos parlamentarios falsos para pagar deudas de campaña y servicios a empresas de imprenta, generando un perjuicio fiscal que asciende a $10.896.109. Además, se detectó el pago de asesorías inexistentes a la pareja de su asesor de confianza, Arnaldo Domínguez, quien también quedó bajo la medida de prisión preventiva.
Tráfico de influencias y macrocriminalidad
La acusación fiscal también hizo hincapié en el tráfico de influencias vinculado a la Municipalidad de Maipú. Durante el periodo en que su cónyuge ejerció como alcaldesa, Lavín León habría desplegado una serie de actos irregulares para beneficiar a proveedores de su red, logrando contrataciones por al menos $88.825.161 para sus empresas aliadas.
El juez Urrutia calificó estas conductas como “macrocriminalidad”, argumentando que cuando un funcionario roba dinero público, genera una violación masiva de derechos económicos y sociales al privar al Estado de recursos para garantías básicas.
Debido a la reiteración de los crímenes y a que las penas probables exceden los cinco años y un día de cárcel efectiva, la justicia determinó que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
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