La “opinión mixta” que complica el quórum del proyecto que tipifica el ingreso clandestino al país como delito

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado retomó el análisis de la reforma a la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, centrando la discusión en la calificación jurídica del nuevo delito de ingreso clandestino. El punto crítico reside en determinar si la propuesta debe tramitarse como una ley simple —tal como llegó desde la Cámara— o como una Ley Orgánica Constitucional (LOC), decisión que será zanjada este martes 5 de mayo.

Visiones de los constitucionalistas

La instancia presidida por la senadora Danisa Astudillo escuchó a tres destacados abogados, quienes expusieron argumentos divergentes sobre el artículo 119 ter:

• Argumentos por Ley Simple: Tanto Marisol Peña como Francisco Zúñiga coincidieron en que la norma es de carácter procedimental. Peña precisó que no se confieren nuevas atribuciones institucionales, mientras que Zúñiga sentenció que, desde el punto de vista constitucional, las leyes de quórum especial son excepcionales y esta propuesta no califica como tal.
• La postura de Ley Orgánica: En la otra vereda, Tomás Jordán presentó una opinión mixta. Si bien cree que el fondo no es LOC, advirtió que existen elementos que sí lo son, como el numeral 2, que otorga al juez la facultad de disponer la expulsión, fijando así una competencia específica. También citó el numeral 3, que permite al tribunal extender el plazo para la expulsión hasta por cinco días.

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Los riesgos de la calificación

El debate sobre el quórum no es meramente técnico, sino que tiene efectos directos en la viabilidad de la ley. Durante la sesión se plantearon tres escenarios posibles según la resolución del Senado:

• Si se tramita como ley simple y el Tribunal Constitucional determina que era LOC, la norma podría ser impugnada por vicio de forma.
• Si se califica de entrada como LOC y el tribunal determina luego que era ley simple, el proyecto no sufriría percances.
• Si se mantiene como ley simple y no hay impugnación, el proyecto nunca llegaría a revisión del tribunal por este aspecto formal.

Ante la incertidumbre, algunos sectores ya han anunciado reserva de constitucionalidad, lo que adelanta un posible paso de la ley por el Tribunal Constitucional una vez despachada.