Revelan que subsecretaria de Prevención del Delito habría defendido a miembros de banda criminal
Tras el flanco abierto por la ministra Steinert, surge un nuevo cuestionamiento en el Ministerio de Seguridad por el ejercicio privado de la subsecretaria en 2023.
Ministerio de Seguridad
El Ministerio de Seguridad enfrenta una nueva jornada de cuestionamientos tras revelarse detalles del pasado profesional de la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. Mientras la ministra Trinidad Steinert intentaba cerrar la polémica por una sociedad inactiva con su exmarido, una investigación de Mega Investiga detectó que la subsecretaria Quintana asumió la defensa de integrantes de una peligrosa organización criminal conocida como “Los Emprendedores”.
El nexo con el “Clan Chago”
La banda, desbaratada en 2023 por la PDI y la Fiscalía Occidente, se dedicaba al robo de maquinaria pesada, camiones y vehículos mediante portonazos y encerronas para su posterior reventa ilícita.
La organización estaba compuesta por tres clanes familiares, entre ellos el Clan Chago, liderado por Santiago Castro Inostroza. La actual subsecretaria asumió la representación de Javier y Valentina Castro, ambos hijos del líder de la banda y procesados por delitos que incluyen asociación criminal, lavado de activos y receptación.
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Según el acta de formalización, Javier Castro incluso creó una empresa comercial para obtener facturas y transportar las maquinarias de origen ilícito. Ante estos antecedentes, desde el equipo de la Subsecretaría señalaron que la participación de Quintana fue “circunstancial”, limitándose a solicitar la postergación de una audiencia a pedido de un colega que atravesaba un duelo familiar, asegurando que no mantuvo otro vínculo con el juicio.
Defensas en causas de armas
El historial de la subsecretaria Quintana, quien se desempeñó como fiscal adjunta hasta su renuncia en 2023, también incluye la defensa de un ciudadano extranjero por infracciones a la Ley de Armas. El imputado fue sorprendido con una pistola adaptada para munición real, caso en el cual la fiscalía solicitaba una pena de 8 años de cárcel.
En su rol de defensora privada, Quintana cuestionó la legalidad del procedimiento policial, argumentando una vulneración de garantías. Sus argumentos fueron acogidos por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que terminó por absolver al imputado. Este nuevo flanco pone en el centro del debate la compatibilidad de haber ejercido defensas en casos de alta connotación delictual con el liderazgo de las políticas nacionales de seguridad y prevención del delito.
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