VIDEO. Deportación desde Grecia: confirman el destino de los chilenos detenidos en la flotilla humanitaria interceptada por Israel

El Gobierno chileno ha logrado un acuerdo diplomático con Grecia e Israel para resolver la situación de los connacionales detenidos tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud.

Según informó, en conversación con La Prueba de ADN, Nelson Hadad, abogado y representante legal de la delegación chilena, las autoridades lograron coordinar exitosamente que los chilenos involucrados en el incidente sean trasladados a territorio griego. Desde ese país, se iniciarán formalmente los respectivos procesos de deportación para que puedan retornar.

Entre las personas que serán trasladadas a Grecia aún no se sabe si se encuentra Macarena Chahuán, una activista chilena sobre la cual no se tiene información precisa ni paradero conocido. Hadad valoró estas gestiones de emergencia, destacando que el gobierno y los cónsules chilenos están cumpliendo con su mandato constitucional de socorrer a los ciudadanos que se encuentran en situaciones de alta complejidad en el extranjero.

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Estas coordinaciones se confirmaron tras una reunión oficial con el director de Medio Oriente de la Cancillería y el subsecretario de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, el proceso de deportación acordado traerá severas consecuencias a largo plazo para los activistas nacionales. Hadad advirtió que todos los chilenos deportados bajo este mecanismo serán declarados “personas non gratas” y quedarán vetados de por vida para ingresar a los territorios palestinos. Esta prohibición tiene un carácter definitivo, dado que el Estado de Israel controla de forma absoluta todas las entradas terrestres a las zonas palestinas, incluyendo el concurrido paso fronterizo de Rafah con Egipto y el estratégico puente Allenby con Jordania.

Crítica a la “débil” respuesta del gobierno

Más allá del evidente alivio inicial por el traslado de los connacionales a un tercer país, el representante legal de la flotilla expresó una profunda insatisfacción con el tono diplomático adoptado por el Gobierno de Chile. Tras sus encuentros en la Cancillería, Hadad calificó abiertamente la declaración oficial de las autoridades como “débil”, cuestionando el hecho de que solo se limitaran a expresar su “preocupación” ante la crisis. A su juicio, la extrema gravedad de la interceptación en altamar ameritaba una condena mucho más categórica frente al proceder del gobierno israelí.

Para fundamentar su postura, el abogado argumentó que interceptar y secuestrar a los tripulantes de un navío civil en aguas internacionales constituye un delito sumamente grave, el cual se enmarca en actos de piratería. Subrayó de manera enfática que la flotilla no correspondía a ninguna embarcación de guerra, sino que realizaba un paso marítimo pacífico para entregar suministros humanitarios de primera necesidad a los niños de Gaza, quienes actualmente enfrentan una crítica situación de inanición. Estas acciones militares, señaló el profesional, violan de manera flagrante el artículo 87 de la Convención del Mar y el derecho internacional.

Finalmente, Hadad instó al Estado chileno a endurecer su posición en materia de relaciones exteriores, advirtiendo sobre el gran peligro de normalizar estas vulneraciones internacionales. Reiteró que otros gobiernos, como los de Italia y Colombia, han condenado de forma abierta y frontal estos actos ilícitos, y que Chile debería sumarse firmemente a esa misma línea para evitar que la interceptación de barcos humanitarios quede en la más absoluta impunidad. Según explicó el abogado, atacar un buque con fines de ayuda humanitaria agrava notoriamente el delito, pues interfiere directamente en la supervivencia de una población infantil profundamente vulnerada.