Revés para Seguridad: Corte critica imputación de “secuestro político” contra la ministra Ximena Lincolao
El tribunal de alzada de Valdivia calificó como una “exacerbación” la postura del Gobierno, que invocó la Ley de Seguridad del Estado
En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó la solicitud del Gobierno y la Fiscalía para endurecer las medidas cautelares de los tres estudiantes imputados por agredir a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. El tribunal de alzada mantuvo la firma quincenal y la prohibición de acercarse a la víctima, descartando la prisión preventiva solicitada por el Ministerio de Seguridad bajo la figura de secuestro político.
La audiencia estuvo marcada por los reproches de los magistrados hacia la estrategia del Ejecutivo. El ministro Óscar Castro cuestionó la tesis de que la autoridad estuviera secuestrada al interior de la Universidad Austral, preguntando irónicamente al abogado del Gobierno, Vicente Canales, si la ministra era la única que no podía salir del recinto.
Críticas a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado (LSE)
El Ministerio de Seguridad, dirigido por la ministra Trinidad Steinert, pretendía utilizar la Ley de Seguridad del Estado para elevar la gravedad de los hechos. Sin embargo, el ministro Castro calificó la imputación como “un tanto genérica” y advirtió que elevar la situación a un secuestro sería “exacerbar la norma”. Según el magistrado, si bien es entendible que la ministra no quisiera salir para resguardar su integridad física ante la protesta, eso no constituye automáticamente una retención ilegal o secuestro.
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Por su parte, la ministra Marcela Araya subrayó deficiencias en la imputación, señalando que la causa no ha sido formalizada por el delito de secuestro contemplado en la LSE. Agregó que, con el delito actual, los estudiantes, quienes no poseen antecedentes penales, arriesgan penas que podrían ser sustituidas por remisión condicional, lo que resta necesidad de cautela extrema.
Argumentos descartados y defensa del Ejecutivo
El tribunal también desestimó la tesis de la Fiscalía sobre un supuesto “cambio de fisonomía” de los imputados para eludir la justicia. La defensa de la estudiante María Jesús Madariaga argumentó que solo se realizó “visos en su pelo” y que ha colaborado con la investigación, ofreciendo incluso disculpas a la ministra. La Corte resolvió que no hay antecedentes suficientes para considerar que un cambio de look represente un objeto de ocultamiento o riesgo de fuga.
Desde el Ministerio de Seguridad defendieron su facultad para invocar la LSE, recordando que el Juzgado de Garantía admitió la ampliación de la querella sin que fuera recurrida por las defensas. El Ejecutivo insistió en que existen testimonios y diligencias de la PDI que confirman que la ministra intentó salir por dos horas sin éxito, debido al bloqueo de los accesos por parte de los manifestantes.
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