Contraloría detecta grave falta de fiscalización a los colegios con mayores índices de violencia escolar

La Contraloría General de la República (CGR), a través de su informe N°660 de 2025, dio a conocer graves deficiencias en las acciones de la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación para garantizar la convivencia escolar. La auditoría reveló que los establecimientos que lideraron las sanciones y denuncias en el marco del programa “Convivencia y Salud Mental” durante 2024 y 2025 no fueron fiscalizados por la Superintendencia.

De acuerdo con el documento, entre el año 2020 y octubre de 2025 se registraron 35.410 denuncias por violencia escolar a nivel nacional. Sin embargo, el organismo solo realizó fiscalizaciones propiamente tales en 1.727 casos, lo que implica que menos del 5% de las acusaciones terminó en una investigación formal por parte del servicio. La CGR advierte que este fenómeno no ha disminuido y se mantiene como una de las principales problemáticas de la educación pública escolar.

Revisa también:

• “Que se haga cargo”: Johannes Kaiser vuelve a insistir en indulto para carabineros condenados en estallido social
• Protestas estudiantiles en Santiago Centro: estos son los tres liceos que suspendieron clases por barricadas

Irregularidades en la reubicación de estudiantes

Uno de los puntos más críticos de la auditoría es el análisis de la situación de 38 estudiantes sancionados en colegios emblemáticos de Santiago y Providencia. Los recintos bajo la lupa incluyen:

• Instituto Nacional José Miguel Carrera.
• Internado Nacional Barros Arana (INBA).
• Liceo de Aplicación y Liceo Manuel Barros Borgoño.
• Liceo José Victorino Lastarria, Liceo 7 y Carmela Carvajal de Providencia.

La investigación constató que el 21% de los alumnos sancionados con expulsión o cancelación de matrícula regresó al mismo establecimiento que aplicó la sanción, debido a que los directores no utilizaron su facultad legal para oponerse. Por otro lado, el 79% restante fue reincorporado en otros liceos emblemáticos que figuran entre los que presentan mayores problemas de violencia, incumpliendo los criterios de reubicación establecidos en la legislación vigente.

Órdenes de la Contraloría

Ante estos hallazgos, la Contraloría ordenó a la Superintendencia y a la Subsecretaría adoptar medidas coordinadas de forma inmediata. Se les exigió regular los procedimientos y las facultades de quienes intervienen en la reubicación de estudiantes expulsados, especialmente en aquellos casos vinculados a hechos de violencia, para asegurar que el proceso se ajuste a las normas de protección y convivencia escolar.