Lo Barnechea fija plazo para desalojo de toma en Cerro 18: “Una decisión responsable frente a una situación de alto riesgo
Se trata de la segunda y última etapa que tuvo su primer episodio en diciembre pasado

El cronograma para la recuperación definitiva de los terrenos fiscales en el sector de la quebrada de la Zorra, en el Cerro 18, ya tiene fecha límite establecida.
La Municipalidad de Lo Barnechea confirmó que durante las primeras dos semanas de junio se llevará a cabo el desalojo de la segunda etapa del asentamiento, una medida que afectará directamente a 93 viviendas instaladas de forma irregular en la zona.
Esta acción institucional representa el cierre de un proceso que tuvo su primer hito en diciembre pasado, cuando 30 grupos familiares fueron retirados del lugar.
En aquella ocasión, equipos municipales y efectivos de Carabineros enfrentaron barricadas, lanzamientos de proyectiles y amenazas directas, resultando incluso un uniformado con lesiones y varios civiles detenidos.
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Desde el municipio liderado por Felipe Alessandri, la justificación central para esta medida no radica únicamente en la irregularidad de la ocupación, sino en la inviabilidad técnica del suelo.
Informes emitidos por Bomberos han sido determinantes al calificar el área como de “alto riesgo”, advirtiendo que la topografía de la quebrada expone a los residentes a potenciales deslizamientos de tierra y a la rápida propagación de incendios.
“Este no es solo un proceso de recuperación de un espacio, es una decisión responsable frente a una situación de alto riesgo. No podemos permitir que familias sigan viviendo en condiciones que pueden terminar en una tragedia”, enfatizó el alcalde.
Plan de salida y acompañamiento social
Pese a las tensiones previas con organismos como la fundación Techo, el municipio ha desplegado un plan de contingencia para mitigar el impacto social.
Se incluye un proceso de empadronamiento detallado y la oferta de subsidios de arriendo, además de asistencia logística para el traslado de bienes materiales.
Según el catastro municipal, aproximadamente un 33% de los ocupantes actuales han expresado su intención de retirarse de manera voluntaria antes de que se cumpla el plazo de la notificación.
“Aquí hay un esfuerzo por hacer las cosas bien, con orden, pero también con humanidad”, mencionó Alessandri.
“El llamado es a que quienes aún permanecen en el lugar opten por una salida voluntaria. Hay alternativas y acompañamiento, y eso es clave para evitar situaciones complejas durante el procedimiento”, agregó.
Un operativo bajo vigilancia
Para asegurar que el procedimiento de junio se ajuste a los estándares legales y de protección, se ha establecido una mesa de coordinación que integra a la Delegación Presidencial y a diversos organismos de Derechos Humanos.
La intención es evitar que se repitan los incidentes de la etapa anterior, donde un grupo reducido de personas empañó el proceso con disturbios.
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