Exministro Muñoz desmiente a De Grange y acusa “imprecisiones” por Ley Uber: “Afirmaciones que no se ajustan a la realidad”

Un nuevo choque político se abrió en el ámbito del transporte luego de que el exministro Juan Carlos Muñoz arremetiera contra el actual titular de la cartera, Louis de Grange, acusándolo de entregar información errónea en una reciente entrevista.

A través de una carta publicada en La Tercera y difundida en redes sociales, el exsecretario de Estado cuestionó directamente varias afirmaciones de la autoridad, apuntando a “imprecisiones” en temas clave como la denominada “Ley Uber”, la composición del gabinete ministerial y el presupuesto del ministerio.

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Uno de los principales puntos de conflicto tiene relación con la regulación de las aplicaciones de transporte. El exministro Muñoz aseguró que no es correcto que la normativa impida el desplazamiento entre comunas, como afirmó De Grange.

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Según explicó, la ley permite traslados fuera de la región, pero restringe que los conductores operen de forma permanente en otra zona, en línea con lo que ocurre con los taxis.

También desmintió que la exigencia de antigüedad de los vehículos afecte a los actuales conductores, aclarando que esa condición solo aplicará a quienes ingresen al sistema una vez que la normativa esté completamente en régimen.

En su crítica, Muñoz abordó además los dichos del ministro sobre eventuales recortes presupuestarios. Subrayó que el presupuesto del Ministerio de Transportes ronda los 2.100 millones de dólares y que solo un 3,5% corresponde a personal. En esa línea, advirtió que reducir cerca de un 3% del gasto mediante despidos implicaría dejar al servicio “prácticamente sin funcionarios”.

El exministro también rechazó la afirmación de que su gabinete contaba con 11 periodistas, asegurando que eran seis, y afirmó que todo su equipo presentó la renuncia antes del cambio de gobierno.

Finalmente, llamó a que el debate sobre transporte público se base en datos y rigor técnico, advirtiendo que eventuales ajustes en la oferta deben resguardar la calidad del servicio, especialmente para los sectores más vulnerables.