Israel aprueba pena de muerte por terrorismo y desata críticas por posible aplicación contra palestinos
La Knéset dio luz verde a una controvertida reforma que impone la pena de muerte en casos de “terrorismo”. Organizaciones y opositores denuncian un trato desigual.
Israel abrió un nuevo foco de tensión política y jurídica tras aprobar una reforma que permite aplicar la pena de muerte en casos de ataques mortales catalogados como “terrorismo”.
La norma fue visada el pasado lunes 30 de marzo por el pleno de la Knéset, el Parlamento israelí, con 62 votos a favor y 48 en contra, en una señal que ya provoca cuestionamientos dentro y fuera del país.
La reforma establece la pena de muerte por ahorcamiento para determinados condenados y, según reportes coincidentes, obligará a los tribunales militares que juzgan a palestinos en Cisjordania ocupada a imponer esa sanción salvo excepciones aún no definidas.
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En paralelo, para ciudadanos israelíes sometidos a tribunales ordinarios, la legislación deja abierta la opción de aplicar cadena perpetua bajo otras condiciones, lo que alimentó las denuncias de discriminación.
Netanyahu respaldó la reforma y la oposición la tildó de inmoral
El primer ministro Benjamín Netanyahu asistió a la votación y apoyó personalmente la iniciativa, impulsada por el partido del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. La propia Knéset informó que se trata de la aprobación final del proyecto, uno de los compromisos emblemáticos del bloque ultranacionalista dentro de la coalición oficialista.
Tras la votación, Ben Gvir intentó celebrar, aunque el gesto quedó rápidamente eclipsado por la tensión regional. Minutos después, medios internacionales reportaron el lanzamiento de misiles iraníes hacia la zona de Tel Aviv, en un contexto que agrava todavía más el debate sobre seguridad y proporcionalidad.
Durante la discusión parlamentaria, el diputado opositor Matti Sarfatti, del partido Yesh Atid, condenó duramente la medida. “La ley es populista, inmoral, no igualitaria”, afirmó.
Luego fue más allá y la calificó como “claramente inconstitucional”. A esas críticas se sumaron organizaciones de derechos humanos, que advirtieron que la ley podría aplicarse en la práctica casi exclusivamente contra palestinos.
Por ahora, el impacto real de la reforma dependerá de su implementación y de los eventuales recursos judiciales que puedan presentarse ante la Corte Suprema israelí. Sin embargo, la aprobación ya instala un debate de alto voltaje sobre justicia, seguridad y derechos humanos en medio de una crisis regional en escalada.
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