Lista es liderada por diputada republicana: revelan millonarias deudas impagas por CAE de parlamentarios y autoridades de Gobierno
El caso estalla tras el emplazamiento del Presidente José Antonio Kast.
Un nuevo flanco se abrió en el debate por el Crédito con Aval del Estado (CAE), luego de que se revelara que ocho diputados en ejercicio y al menos seis autoridades de Gobierno mantienen deudas impagas asociadas a financiamiento universitario, en algunos casos por montos que superan los $30 millones.
La polémica surge a pocos días del emplazamiento del Presidente José Antonio Kast, quien llamó públicamente a regularizar estos compromisos.
Revisa también
“Que se pongan al día porque tienen que ser un ejemplo frente a la opinión pública”, sostuvo el Mandatario, advirtiendo incluso sobre la posibilidad de transparentar estos antecedentes.
Entre los nombres que aparecen en el informe, recogido por El Mercurio, destaca la diputada republicana Claudia Reyes, quien concentra la mayor deuda entre los parlamentarios, con cerca de $38 millones vinculados a sus estudios en la Universidad Austral de Chile. La legisladora evitó referirse públicamente a la situación.
En la misma línea figura su correligionario José Carlos Meza, con una deuda cercana a $16 millones. El diputado aseguró al mencionado medio que ya inició gestiones para regularizar su situación: “Verifiqué con la universidad y me informaron que el último pago se hizo en 2023. Desde abril podré suscribir un convenio para continuar pagando”, explicó.
TW - Agencia Uno
La lista también incluye a la diputada comunista Nathalie Castillo, con cerca de $27,8 millones; al independiente Héctor Ulloa, con $18,6 millones; y a la frenteamplista Carolina Tello, con $12,9 millones. Desde el Partido Socialista, Emilia Nuyado y Francisco Crisóstomo registran deudas menores, mientras que Sara Concha, del Partido Social Cristiano, aparece con una mora cercana a $1,5 millones.
El reporte no solo involucra al Congreso. También figuran autoridades del Ejecutivo, entre ellas delegados presidenciales y seremis, con deudas que en algunos casos bordean los $40 millones.
Desde el oficialismo y la oposición, varios de los involucrados han señalado estar en proceso de regularización. Sin embargo, el caso reabre el debate sobre la responsabilidad de las autoridades frente a obligaciones financieras con el Estado, especialmente en un contexto donde se discuten reformas al sistema de financiamiento estudiantil.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.
