Prisión preventiva para dos abogadas acusadas de integrar red de corrupción en sistema judicial de Los Ángeles

Dos abogadas quedaron en prisión preventiva tras ser formalizadas por su presunta participación en una red de corrupción que habría vulnerado el sistema de justicia penal en la ciudad de Los Ángeles, en la región del Biobío.

Las imputadas son Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, quienes enfrentan cargos por asociación criminal, lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos y soborno.

Además, fueron formalizadas por tráfico de drogas, tráfico de armas, obstrucción a la investigación y prevaricación.

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Según la investigación del Ministerio Público, los involucrados habrían accedido de forma indebida a sistemas informáticos de la Defensoría Penal Pública y de la Fiscalía para obtener información reservada y favorecer la defensa de determinados clientes.

Habrían custodiado droga

La indagatoria también sostiene que ambas juristas habrían colaborado en la custodia de droga perteneciente a la organización liderada por Luis Corvalán, alias “El Corbata”, y que mantenían contacto con Moisés Bastardo, condenado a cadena perpetua por sicariato.

En la misma causa, el defensor público Patricio Gutiérrez Marinado —esposo de una de las acusadas— quedó con arresto domiciliario nocturno.

Asimismo, Nelson Sáez, encargado de actas del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados.

Se investigan a otras personas

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, valoró la decisión del tribunal y afirmó que “habíamos pedido la prisión preventiva de tres imputados; se nos dio respecto de dos, que son las abogadas (…) imputadas por diversos cargos en esta causa”.

Respecto del avance de la investigación, la persecutora agregó que “estamos también investigando a otras personas más”, precisando que aún hay diligencias pendientes antes de eventuales formalizaciones.

Además, explicó que algunos delitos cuestionados por las defensas no fueron descartados, sino que responden a “una interpretación” jurídica del tribunal en esta etapa del proceso.