Acusan que proyecto del senador Chahuán que suspende penas a adultos mayores es idéntico a texto de abogada de Punta Peuco

Una investigación de Informe Especial (TVN) ha provocado un terremoto político al revelar que la abogada Carla Fernández Montero, representante de los reos del penal de Punta Peuco condenados por violaciones a los Derechos Humanos, sería la autora intelectual del polémico proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso.

El documento, presentado originalmente por el senador Francisco Chahuán (RN) el 30 de enero de 2025, coincide punto por punto con un borrador elaborado por la jurista, sugiriendo que la propuesta fue redactada para beneficiar directamente a sus clientes de alto perfil, entre los que figuran Álvaro Corbalán, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga.

La evidencia del “Copy-Paste”

La trazabilidad digital y el análisis de contenido realizado al proyecto han arrojado pruebas contundentes sobre su origen. Según la investigación, 21 de las 23 páginas de la argumentación son idénticas entre el borrador de la abogada y el texto ingresado al Senado, sin cambiar siquiera una coma.

Los puntos de coincidencia más críticos incluyen:

• Metadatos coincidentes: La metadata de los archivos digitales muestra que ambos documentos fueron creados por el mismo autor. El texto de Fernández fue generado a inicios de enero de 2025, mientras que el de Chahuán fue creado el mismo día de su presentación, el 30 de enero.
• Argumentación ideológica: Ambos textos utilizan términos específicos como “geriatricidio carcelario” y cuestionan la “ficción jurídica del secuestro permanente”, calificándola como irracional e ilógica.
• Crítica al Poder Legislativo: Los documentos sostienen que el Congreso ha optado sistemáticamente por posturas contrarias al Derecho por motivos de índole política, ignorando esfuerzos de “justicia transicional” iniciados en los años 90.

Reacciones y el “Doble Discurso” en La Moneda

Pese a la publicación, el senador Chahuán ha negado haber tenido a la vista el borrador de la abogada Fernández. No obstante, una carta publicada en El Mercurio por la hija de un coronel condenado por violaciones a los DD.HH. confirmó explícitamente que la propuesta fue “elaborada por la abogada Carla Fernández”.

Desde el Ejecutivo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lanzó duras críticas al oficialismo entrante de José Antonio Kast, quien ha calificado la medida como “humanitaria”. Vallejo acusó un doble discurso por parte de la derecha:

“Parece que los que querían tratar con amor a los delincuentes eran ellos. La ciudadanía no entiende cómo se promete mano dura contra la delincuencia y, al mismo tiempo, se empuja un proyecto que busca abrir las puertas de las cárceles a homicidas, violadores, femicidas y genocidas”.

Alcance de la normativa y presión internacional

El Gobierno ha advertido que, bajo la redacción actual, la ley no solo beneficiaría a 365 condenados por crímenes de lesa humanidad, sino también a 373 presos por delitos comunes, incluyendo abusadores sexuales y parricidas. En total, sumando a reos con enfermedades crónicas o discapacidad, la cifra de beneficiados podría superar los 10.000 internos.

Esta situación ha llevado a los familiares de las víctimas a recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), solicitando una medida provisional de “extrema urgencia” para detener la tramitación. Argumentan que el proyecto constituye un factor de impunidad de facto que anula los efectos de la justicia alcanzada tras décadas de litigio, contraviniendo el principio de proporcionalidad de las penas que exige el derecho internacional.